A pesar de que la FGR presentó 80 datos de prueba en su contra, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no sólo libró la cárcel, sino que se mantendrá en su cargo y no tendrá restricciones para salir del país, aunque deberá firmar cada 15 días luego de ser imputado por ejercicio indebido del servicio público, tras la muerte de 40 personas en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez.
Luego de más de seis horas de audiencia, la defensa de Garduño pidió la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que será hasta el próximo domingo por la mañana cuando se resuelva si se le vincula o no a proceso, debido a su responsabilidad por omisión en la muerte de los 40 migrantes.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, como medidas cautelares, la presentación periódica del acusado para firmar, evitar su salida del país y la suspensión temporal de su cargo; sin embargo, la defensa dijo que las peticiones no eran procedentes, ya que debía asumir sus responsabilidades como comisionado, por lo que fueron negadas por el juez.
De esta manera, el comisionado puede salir del país y sigue firme en su cargo, hasta en tanto no se lleve a cabo la audiencia de este domingo. A pesar de ello, la única medida cautelar que le impuso el juzgador fue acudir a firmar cada 15 días.
Al término de la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Garduño aclaró que, ante el juez, declaró su garantía constitucional de guardar silencio mientras se encuentra en el proceso judicial.
Mientras tanto, su abogado, Rodolfo Pérez Velázquez, detalló que ya cuentan con todos los elementos para elaborar la defensa en la siguiente audiencia.
“Las acciones del comisionado han sido contundentes y tenemos todo para corroborar lo que ha hecho durante su gestión, tendientes a apoyar a los migrantes, a mejorar todas las instalaciones de las estancias, que se cumpla con la normatividad vigente”, explicó.
Al cuestionarlo sobre la disparidad de criterios en relación con la audiencia de Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria por las acusaciones, sobre quien pesa la misma acusación.
El jurista detalló que, en el caso de Garduño, la FGR ya no solicitó imponerle prisión preventiva justificada, porque sabía que no la iban a conceder, como sucedió con Molina Díaz. Más temprano el Ministerio Público Federal (MPF) acusó formalmente a Francisco Garduño del delito de ejercicio indebido del servicio público, tras la muerte de los 40 migrantes.
La autoridad federal sostuvo que el funcionario fue omiso al no vigilar y proteger a las personas extranjeras que se encontraban en el interior del centro de retención migratoria de Ciudad Juárez.
A las 10:00 de la mañana de ayer arrancó la audiencia en contra del titular del INM y, durante la misma, hubo un receso.
Pero será hasta el domingo cuando la defensa tenga oportunidad de presentar las pruebas a su favor.
CNDH pondrá lupa a estancias migratorias
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, anunció que en mayo entrará en operación un sistema de seguimiento sobre las condiciones en las que se encuentran las estaciones y estancias migratorias, con el objetivo de valorar las instalaciones.
El nuevo sistema entra en operación luego de ocurrida la tragedia el 27 de marzo, tras un incendio que dejó 40 migrantes muertos en la estación temporal de Ciudad Juárez.
La ombudsperson destacó que la información de los centros migratorios será actualizada cada año, con el objetivo de que pueda conocerse la situación que prive en estos sitios.
Destacó que en lo que va de la presente gestión se han emitido, en el tema migratorio, 44 recomendaciones y 244 medidas cautelares.
Dicho análisis caracteriza los flujos migratorios y las problemáticas que se desarrollan ahí, de modo que se busca superar la visión de que todo el tema migratorio compete exclusivamente al Instituto Nacional de Migración (INM), y se involucren otras autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Otro de los objetivos de la CNDH es que la información sirva para mejorar el modelo de estancias migratorias y complementarlo con normativas que aseguren el respeto a los derechos humanos.
Destacar que luego de lo sucedido en Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil han criticado durante la falta de protección de las estaciones de retención, al calificarlas como cárceles migrantes, por lo que han pedido se avance de un modelo de detención a uno de albergue.
Organizaciones como Pueblo sin Fronteras o el Centro de Dignificación Humana han calificado a las estancias provisionales como “verdaderas cárceles”, donde no hay servicios básicos de agua o drenaje, sin insumos para limpieza personal, alimentación, periodos de retención de meses cuando deberían estar un máximo de 36 horas, así como incomunicación total.
Por esa razón, se espera que el informe y análisis sea tomado en cuenta para las políticas de protección de derechos humanos de los migrantes, luego de quejas de personas que han vivido en esos sitios por semanas.
JVR
