En un revés a los detractores de Alejandro Moreno, encabezados por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la ampliación de la dirigencia de “Alito” al frente del PRI hasta después del proceso electoral federal del 2024, lo que le permitirá definir las próximas candidaturas.
Por mayoría de cinco votos –votaron en contra los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora Malassis–, la Sala Superior resolvió la impugnación de ese partido en contra del resolutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó que no eran procedentes los cambios estatutarios del PRI, mientras que exdirigentes nacionales del partido tricolor, como Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, impugnaron la ampliación de la gestión de Moreno Cárdenas.
La resolución del Tribunal Electoral se dio una semana después de que respaldó la ampliación del mandato de Mario Delgado en Morena, también hasta el 2024, en una resolución que fue aprobada por los mismos magistrados electorales que ahora emitieron su fallo en favor del dirigente priista.
El magistrado electoral José Luis Vargas planteó que el INE hizo un análisis indebido para verificar el cumplimiento del procedimiento estatutario para la aprobación de estos cambios, porque dijo que estableció exigencias no previstas en la normatividad del partido.
Argumentó que para realizar estas modificaciones, el PRI cumplió con el procedimiento estatutario para que el Consejo Político Nacional las avalara, con el respaldo del 87 por ciento de sus miembros y el aval de los 25 consejos políticos estatales.
Por ello, el magistrado señaló que la decisión del INE prácticamente “representa una intromisión en la vida interna de un partido político”.
Además, Vargas Valdez aseguró que la decisión de aprobar la extensión del mandato de Moreno Cárdenas no representa apoyar la gestión de un dirigente partidista en particular, porque “la figura de la extensión ya estaba prevista en el estatuto y fue materia de análisis de esta Sala Superior en diciembre de 2020”.
La magistrada Janine Otálora Malassis señaló que los cambios estatutarios no tienen sustento, como lo planteó en su proyecto de resolución para el caso de Mario Delgado.
Sobre todo, subrayó la debilidad del razonamiento que presentó el tricolor respecto a que hizo las reformas electorales con base en -en ese momento- la inminente aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, cuando no tenía la certeza de su aprobación y hasta la fecha se encuentra suspendido.
“Esta justificación (el Plan B) para mí no tiene un asidero jurídico”, apuntó, a su vez, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.
El magistrado Felipe Fuentes estimó que la necesidad del PRI de armonizar sus estatutos, ante la inminencia de la aprobación de la Reforma Electoral, sí es una causa válida para que hiciera cambios a su reglamentación interna, al amparo de su autonomía.
Los magistrados Fuentes, Indalfer Infante y Mónica Soto pidieron que en lo que corresponde a la paridad y a las acciones afirmativas, el INE debe hacer una revisión más exhaustiva.
“No hay opción ni de interpretar, ni queda sujeto al partido político a decidir si puede o no, no hay duda; la paridad está decretada en la Constitución y en las acciones afirmativas los parámetros ya los hemos fijado nosotros y está en jurisprudencia, que es ley”, puntualizó Soto.
El magistrado ponente, José Luis Vargas, precisó que el INE tendrá que esperar a la resolución de la Suprema Corte sobre el Plan B, pero aclaró que las modificaciones estatutarias del PRI no necesariamente incurren en faltas en ese sentido.
DGC
