La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que primero resuelva las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social que se presentaron el 11 de mayo de 2018 y luego se analice la validez de la reforma aprobada en diciembre de 2022.
“Con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, advierte la Consejería.
Recordó que la reforma aprobada antes del inicio del proceso electoral en 2017-2018, fue impugnada por la minoría en la Cámara de Senadores, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Partido Movimiento Ciudadano, por presuntos vicios en el procedimiento legislativo y por algunas partes que resultan inconstitucionales.
El argumento se basa en que la SCJN consideró que la Ley impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta a diferencia de lo que resolvió al iniciar el análisis de la acción de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, señaló la Consejería Jurídica de la Presidencia.
JVR
