La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, defendió la nueva Ley de Ciencia porque, dijo, garantiza que no se financie a las empresas con recursos públicos.
“Es fundamental contar con una ley que no permita simulaciones y normas a modo para derivar multimillonarios recursos del pueblo de México a favor de empresas, so pretexto de la innovación y a fondo perdido, sino seguir atendiendo de facto; de hecho, hemos ya logrado en estos años, a partir del primero de diciembre de 2018, que no se pueda retrogradar una ley que de veras defienda y utilice de manera eficiente los recursos de Conacyt para un desarrollo humanístico científico-tecnológico en favor del interés general y del pueblo de México”, señaló.
Aseguró que en sexenios pasados se orientaron recursos públicos a proyectos de empresas privadas relacionados con comida “chatarra” y mejorar el sabor de salsas y empaques de pizzas, además de que se financiaron proyectos de empresas automotrices para mejorar la pintura y carrocería de los autos, todo lo cual no tenía nada que ver con el quehacer científico ni tecnológico.
Por su parte, la Asamblea Académica Permanente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) exigió a la titular del Conacyt que detenga lo que consideró como el hostigamiento que ha emprendido en contra de la institución y su comunidad.
El llamado se lanza en respuesta a la participación que la doctora tuvo ayer en la conferencia del Presidente, donde exhibió una “red de intereses creados” en la que pone como actor central a Sergio López Ayllón, exdirector del centro, y en la que también se señala a instituciones académicas, medios de comunicación y organizaciones.
La acusación fue que la presunta red fue habilitada en la “época neoliberal” para desviar funciones que se debieron dirigir a beneficio de todo el país.