Al menos 95 organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre la posible violación de derechos humanos que podría derivar de las políticas que se busca implementar ante el fin del Título 42 y el despliegue de personal militar en las fronteras para contener los flujos migratorios.
Señalaron que las personas refugiadas, migrantes y desplazadas en el continente Americano viven el impacto de políticas nacionales y acuerdos regionales que deshumanizan a la migración con las estrategias para controlarla y con las que no solo se afecta a las personas en movilidad, sino a las comunidades receptoras y de tránsito.
“La reciente tragedia en Ciudad Juárez, México, el pasado 27 de marzo y la gran cantidad de personas de diversas nacionalidades represadas y deportadas en las fronteras del sur de Estados Unidos y del sur de México en Tapachula, evidencian algunas de las consecuencias de estas políticas restrictivas que se han ido replicando en otras fronteras en el intento de contener la migración”, señalaron.
Al considerar que las causas que obligan a las personas a migrar persisten, las organizaciones mencionaron que ninguna de las medidas de control y contención aplicadas logra el objetivo de frenar el fenómeno.
Advirtieron que con éstas se aumenta la vulnerabilidad de las personas, pues carecen de un enfoque de derechos humanos y de protección, a lo que se suma la posibilidad de aumentar el flujo migratorio como efecto de las deportaciones y retornos forzados.
“La práctica de Estados Unidos de externalizar su frontera -y su aceptación por parte de otros países- genera situaciones de vulneración de derechos y obliga a las personas a emplear rutas migratorias cada vez más peligrosas”, señalaron.
A esto, sumaron que los Estados recurren a actitudes de temor y rechazo hacia las personas migrantes entre la sociedad para validar las políticas ”restrictivas y deshumanizantes”.
Frente a este escenario, alertaron que los cambios que se aproximan desafiarán las capacidades de las propias organizaciones para dar una respuesta humanitaria pertinente.
Por esta razón, llamaron a los Estados a adherirse y fortalecer los mecanismos multilaterales regionales; proponer soluciones desde un enfoque de Derechos Humanos y salvaguardar los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.
“Comprendemos la necesidad de la cooperación y el respeto por la soberanía para concertar respuestas regionales enfocadas hacia una migración informada, acompañada y protegida que esté centrada en las personas y sus derechos. Sustentar las respuestas regionales en la acogida, hospitalidad y reconciliación es una alternativa al enfoque securitista con el que se gestiona actualmente la migración”, concluyeron.
El desplegado fue firmado por organizaciones como Entreculturas, Red Global Ignaciana de Incidencia sobre Migraciones, Albergue de Migrantes La Asunción, Puebla, Bloque Latinoamericano sobre Migración, Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, entre otros.
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