Horas después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró ayer inválido el decreto por el cual las obras insignia de la Cuarta Transformación han sido reservadas por considerarse como de seguridad nacional, el Presidente de la República publicó uno nuevo con el que blinda bajo los mismos términos la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
Aunque en el proyecto, a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se propuso que, además de la invalidez, los efectos no fueran retroactivos, se determinó que será hasta el próximo lunes cuando se defina esto y también sobre quiénes se aplicará el resolutivo.
Los ocho ministros que votaron a favor de invalidar el decreto presidencial -Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel lo hicieron en contra- coincidieron en que éste transgrede el derecho de acceso a la información, además de que invade las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en la salvaguardia de este derecho.
El proyecto se presentó en atención a la controversia presentada por el órgano de transparencia contra el decreto publicado en noviembre del 2021.
En éste se clasificó como de seguridad nacional toda información relativa a los proyectos prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, dentro de los cuales se encuentran el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En defensa de la validez del decreto, la ministra Yasmín Esquivel argumentó que la declaración de seguridad nacional a determinados proyectos no implicaba una “inminente reserva global de información correspondiente a la ejecución de ciertas obras públicas”.
Aseguró que esto de ninguna manera impide que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información pública gubernamental, “pues en cualquier caso las autoridades respectivas deberán demostrar con una prueba de daño la negativa de acceso que, en su caso, corresponda”.
Sin embargo, bajo el decreto ahora invalidado, dependencias federales negaron responder a múltiples solicitudes de información que ciudadanos y periodistas presentaron ante sus unidades de transparencia para preguntar sobre el ejercicio presupuestal de algunos proyectos o programas.
En contrasentido, el ministro Javier Laynez Potisek calificó como ingenuo el ignorar la consecuencia jurídica del decreto, al recordar que el artículo 6 de la Constitución establece que toda información en posesión de cualquiera de los tres poderes u órganos podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional.
La ministra Loretta Ortiz respondió en forma enérgica hacia el final de la sesión: “¡No somos ingenuos!”. Insistió en que las facultades del Inai para velar por el derecho al acceso a la información no fueron trastocadas por el decreto, porque nunca se le privó de tal atribución.
No obstante, la presidenta de la Corte, Norma Piña, recordó que el órgano de transparencia ejerce más facultades para la verificación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que se ven intervenidas cuando una acción y obra se clasifica.
Al final de la sesión, cuando se establecían los efectos, la ministra Yasmín Esquivel manifestó que la invalidez de declarar obras como de seguridad nacional únicamente debería aplicar para el Ejecutivo federal, mas no para el resto de la Administración Pública Federal; es decir, las secretarías conservarían una especie de facultad para clasificar obras y acciones y así no transparentar información relativa a éstas.
Sin embargo, Norma Piña y Javier Laynez explicaron que el decreto se cae en su totalidad y no puede surtir efecto únicamente en una de las partes.
“El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Si esa instrucción se cae, no existe ya”, explicó la ministra presidenta.
Al no llegar a una conclusión correcta. Se decidió que será hasta la sesión del lunes cuando se definirán los efectos.
Más tarde, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el titular del Ejecutivo federal lanzó un nuevo decreto, con las firmas de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, establece.
Inai celebra fallo y analiza una nueva impugnación
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) reconoció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la invalidez del acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del Gobierno federal, y adelantó que analiza los nuevos mecanismos legales ante el nuevo decreto del Ejecutivo.
“Deja a salvo el derecho de la sociedad a conocer y acceder a toda la información relacionada con los proyectos y obras a cargo del Gobierno, lo cual permitirá monitorear su desarrollo y vigilar que el gasto público se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente”, dijo en un comunicado.
Añadió que al resolver el asunto, el pleno de la SCJN determinó, por mayoría, que el acuerdo impacta el derecho a saber y contraviene la facultad del Inai para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público.
“El instituto concluyó que existía una posible violación al derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, así como a las facultades del Inai, pues si bien la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva o clasificación de la información, lo cierto es que se debe analizar caso por caso y elaborar la prueba de daño correspondiente”, refirió.
Más tarde, y al conocerse un nuevo decreto del Ejecutivo federal, dijo en Twitter que “analiza mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno federal”.
OPOSICIÓN, TAMBIÉN. El PRI nacional celebró el fallo y destacó: “basta de la opacidad y discrecionalidad de Morena”.
El dirigente del PAN, Marko Cortés, destacó la resolución que evitó que el Presidente ocultara ”toda la información de sus megaobras para tapar la corrupción”.
Jesús Zambrano, líder del PRD, destacó que los ministros pusieran por delante la legalidad e hicieran valer el derecho y acceso a la información.
El PJ está tomado por la delincuencia: Presidente
El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se debe realizar la consulta pública para que la ciudadanía conozca sobre la elección directa de jueces y ministros, porque, señaló, actualmente el Poder Judicial “está tomado por la delincuencia”.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que no se debe descartar el ejercicio de consulta bajo el argumento de que es un tema electoral, como algunos quieren presentarla.
“No es un asunto electoral, es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo están queriendo llevar hacia allá, que porque es un asunto electoral no se puede hacer la consulta”, indicó.
El mandatario aclaró que la propuesta para que jueces y ministros sean votados por el pueblo no significa que cualquiera sea elegido, sino que deberán cumplir con ciertos requisitos, además de ser íntegros e incorruptibles.
El titular del Ejecutivo criticó la molestia de quienes se oponen a que se elija a jueces y magistrados por voto directo, cuando, sostuvo, en los hechos el Poder Judicial “ya está secuestrado”.
“Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?”, señaló.
Como referencia, López Obrador mencionó que el miércoles un juez dio la instrucción al encargado de un reclusorio para que en el plazo de tres horas dejara libre a Héctor Luis El Güero Palma, lo que dijo que no se permitió, porque de inmediato “se avisó a la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos, pero tres horas, ¿eso es correcto? Cuando corresponda a la sección cero impunidad, se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza y así muchas otras cosas”.
Estimó que como ahora los ministros se sienten empoderados por el respaldo de Claudio X. González y de “jurisconsultos salinistas” como Diego Valadés y José Ramón Cossío, se cuestiona la consulta mediante la que se pretende conocer la opinión de la población para que sean electos por la ciudadanía y reprochó que se manipule la propuesta.
“¿Qué no van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles, qué no hay 100? Porque están manipulando, dando a entender de que cualquiera va a ser ministro, no. Cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo había requisitos; se cumplen con todos esos requisitos, pero se busca lo mejor.
Para reformar PJ, 4T empuja 45 iniciativas
Desde el inicio del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados han promovido en el Congreso un conjunto de iniciativas para realizar reformas al Poder Judicial de la Federación.
Aunque el impulso de la reforma para que los ministros y jueces sean electos por voto directo es reciente, tanto por propuesta presidencial como por la que presentó el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, el registro de iniciativas del guinda y sus aliados contempla más de 40 para hacer cambios en el Poder Judicial.
En conjunto, en el Congreso hay 45 iniciativas desde el inicio del sexenio para hacer modificaciones al esquema mediante el cual está funcionando el Poder Judicial, que incluye hacer públicas las sesiones del Consejo de la Judicatura y transparentar más todas las operaciones y designaciones.
De acuerdo con algunas de las propuestas de los legisladores de la Cuarta Transformación, debe haber una mayor supervisión y fiscalización por parte del Congreso hacia el Poder Judicial.
La reforma propuesta por Armenta Mier es específica para elegir por voto directo a jueces y ministros y se da en el contexto de los desencuentros que ha sostenido la 4T con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, las iniciativas que han presentado los legisladores de la Cuarta Transformación incluyen otros planteamientos, como la insistencia de César Cravioto para que el Consejo de la Judicatura abra sus actividades, para lo cual impulsó una iniciativa para que todas sus sesiones extraordinarias sean públicas.
A decir de Cravioto, la opacidad es uno de los principales problemas que padece el Poder Judicial, por lo que señala que esta es una primera ruta para transparentar sus actividades.
A esta acusación se suman los señalamientos de los senadores de Morena por presunto nepotismo en el Poder Judicial, como lo señaló el grupo parlamentario del PT en la Cámara alta, el cual indicó que se debe frenar la designación de familiares y amigos.
“Eliminar la práctica del nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, al dotar al Consejo de la Judicatura Federal de la atribución de expedir un reglamento interior de contratación de personal en los órganos jurisdiccionales, en donde exprese la prohibición a los titulares de los tribunales de circuito y juzgados de distrito de contratar o designar dentro del personal a su cargo a personas con las que tenga lazos de parentesco o amistad, independientemente de la capacidad profesional o los méritos para el puesto”, propone.
Las iniciativas de Morena y sus aliados en torno a asuntos relacionados con el Poder Judicial tienen ejes comunes, como en el caso de los temas sobre corrupción, nepotismo y opacidad. También se establece la responsabilidad de quienes incurran en faltas a causa de dádivas o comisiones.
“Propone establecer que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que no cumpla con objetividad, transparencia, imparcialidad, ética y legalidad en el desempeño de sus funciones relacionadas con el acceso y procuración de justicia de particulares o víctimas. Por último, establece como causa de responsabilidad de los servidores públicos el favorecimiento ilegal de otro a cambio de dádivas, remuneraciones, comisiones o aceptación de cualquier recurso”, plantea la iniciativa de la senadora Verónica Camino.
Presidenta de SCJN reconoce envío de mensajes a Armenta
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, reconoció que envió mensajes de texto de reclamo al presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, y señaló que sostiene en público lo que le dijo en privado.
“Hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona. Por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en mi comunicación con el Senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado”, se lee en una carta que hizo pública la presidenta de la Suprema Corte, la cual no tiene membretes y no suscribe en su condición de ministra.
El miércoles, Armenta denunció supuestas amenazas que le hizo la ministra presidenta a través de mensajes de texto, debido aparentemente a la propuesta del legislador para reformar el Poder Judicial y someter a votación popular la elección de los ministros de la SCJN, y dijo que “probablemente” la ministra busca “intimidarlo” o “amenazarlo”.
“Hola! Soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público, usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”, se lee en una primera parte.
“La vida nos juzgará”, le dice en otro mensaje.
“¿Me está amenazando?”, responde el senador, quien le advierte que hará pública la conversación.
En la misiva de ayer, Piña Hernández señaló que “sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan”.
Reconoció que la vía (WhatsApp) que usó para hacer llegar su mensaje no “fue la más adecuada”, y aclaró que de ninguna manera lo escrito es una amenaza; “espero que mi modo frontal se distinga de una amenaza”, escribió.
Expuso que, para ella, “la honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen”.
De acuerdo con los datos que proporcionó Armenta Mier, la presidenta de la Corte obtuvo su número telefónico a través de Francisco Tapia, asesor de Norma Piña, quien se habría contactado con “Daniela”, secretaria personal de Armenta, para solicitar el número personal del senador de Morena.
Refirió que, por un acto de cortesía, su secretaria habría compartido el contacto privado del senador, quien minutos después comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp.
Los roces entre Norma Piña y Alejandro Armenta se dan en el marco de la propuesta morenista para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos a través del voto popular, una iniciativa planteada a raíz de que las y los ministros anularon la primera parte del Plan B en materia electoral, puesto a debate por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y senador ratifica que tomará acciones legales
El presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, ratificó que emprenderá acciones legales en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.
Luego de la carta de la presidenta de la Corte, en la que reconoció los mensajes vía WhatsApp con Armenta, señaló que ya se reunió con su equipo legal para evaluar cómo se debe proceder.
En entrevista radiofónica, aseveró que no aceptará ninguna situación que no sea conforme a derecho.
Dijo que la carta de Piña “confirma la injerencia y la probable acción y presión del Poder Judicial”.
“¿Qué motivó? ¿Bajo qué circunstancia y bajo qué contexto? ¿Con qué propósito ella, bajo qué argumentos?”, cuestionó.
El senador por Puebla remarcó: “Es muy grave todo esto, sin duda”, y manifestó: “¿Qué es lo que dije que quien representa al Poder Judicial de la Nación, me hiciera esa aseveración? ¡Claro que puedo ver a mis hijos a los ojos!”, dijo particularmente ante el mensaje que recibió.
Armenta insistió: “Hay probablemente un mensaje que puede significar presión, probable intimidación y probable amenaza porque habla en el texto que se hará justicia, de que la justicia llegará. Esos diálogos no corresponden a un diálogo entre particulares”, declaró.
Luego de la confirmación de la conversación vía WhatsApp, Armenta manifestó que “la investidura que tengo como presidente del Senado y ella como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige una comunicación institucional, como lo establece la Constitución Mexicana”.
El senador de Morena subrayó que “es lamentable que se emitan expresiones a título personal, confirmadas en una carta dirigida a la opinión pública, sin dar aún respuesta al oficio formal presentado por un servidor el 17 de mayo del presente año sobre sus dichos”.
Y reiteró: “La justicia para las y los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal”.
