Partidos de oposición y organizaciones empresariales prendieron focos de alerta por la falta de certeza y dudas sobre el Estado de derecho que, señalaron, ha generado la ocupación federal en los tramos ferroviarios que eran administrados por Grupo México, y mostraron su preocupación por el mensaje que se manda desde el Gobierno, que puede impactar en la certidumbre de las inversiones.
El viernes pasado fue publicado un nuevo decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual tres tramos ferroviarios de Ferrosur, S.A. de C.V, propiedad de Grupo México a cargo del empresario Germán Larrea, fueron declarados como de “utilidad pública”.
En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, mencionó que espera que se arregle la situación a través del diálogo, ya que al momento es confuso cómo se dieron las cosas y el resultado que parece una expropiación.
“Está muy confusa la situación en ese tramo ferroviario, ya que lo que sabemos es que estaba concesionado para Grupo México, pero ahora se menciona que es una expropiación. Se trata de una obra que tiene participación del Estado y de privados, pero si deciden intervenirla, se tienen que dar a conocer las razones del por qué se hace”, indicó.
Señaló que es políticamente desconcertante la acción, porque genera duda para la inversión privada o falta de certeza y, por ello, dijo, es necesario que con voluntad política se resuelva, “pues pareciera que este gobierno ya agarró el caminito de imponer sus decisiones; acababan de dialogar en Palacio Nacional, pero falta ver qué salió mal”.
Acerca del tema, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, dijo que es peligroso este tipo de acciones, debido a que se pone en duda el Estado de derecho, lo que es “sumamente arriesgado” para los inversionistas.
“Ése es el mensaje que se está dejando a los inversionistas, precisamente de esa falta de Estado de derecho”, expuso.
Mencionó que fue “lamentable” la toma de territorios, pues no aclaran la información previa de sus acciones.
Además, desde el inicio del sexenio las puertas siempre estuvieron cerradas para algunos sectores, mientras que al paso de los años se han ido cerrando otras, lo que impacta directa y negativamente contra empresarios, sociedad y organizaciones, apuntó. “Es peligroso que comience a darse este tipo de situaciones, pues puede abrir la puerta a más decisiones de este tipo”, añadió.
Lo anterior, agregó, puede generar dudas de negocios en inversionistas y, en consecuencia, la falta de esa certeza puede evitar la llegada de nuevos proyectos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó este fin de semana su preocupación por el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las vías ferroviarias concesionadas en la zona del Istmo, ya que ese tipo de decisiones, advirtió, genera impactos negativos.
Además, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) remarcó que el presente y futuro de la inversión en México depende del respeto al Estado de derecho. “Somos partidarios del diálogo con los tres Poderes de la Unión, lo que permite fortalecer la certeza jurídica”, estableció.