En medio de las críticas presidenciales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a algunos de sus ministros y a jueces en general, y de los planes propuestos por la Cuarta Transformación para reformar al Poder Judicial, el alto tribunal difundió ayer una sentencia emitida en el 2019 por su primera sala, para recordar qué es un discurso de odio y cómo éste puede derivar en actos de violencia.
En la sentencia sobre el amparo directo 4865/2018, cuya ponente fue la actual presidenta Norma Piña, se establece que un discurso de odio lo constituyen las “manifestaciones que promueven la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados por no reconocerles igual dignidad humana”.
También hace referencia a que un discurso de odio se basa en prejuicios y pretende establecer diferencias carentes de justificación jurídica para validar un trato hostil en contra de algún individuo, e incluso privarle de sus derechos o de la vida.
La primera sala de la SCJN consideró que, en contextos determinados, un discurso de odio puede transmitirse por cualquier medio: palabras, símbolos u otras formas de expresión.
La publicación, difundida a través de las redes sociales de la Corte se da en momentos de tensión que los expertos han considerado como “ataques frontales” del Ejecutivo federal hacia los integrantes de la SCJN, focalizados algunas veces en desencuentros y señalamientos contra la ministra presidenta, a los que se han sumado amenazas vertidas en redes sociales.
Apenas el fin de semana pasado, integrantes de Morena se manifestaron frente a la sede del Poder Judicial, hasta donde llevaron imágenes con los rostros de los ministros y réplicas de ataúdes.
El lunes pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán declaró que “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”.
Recientemente, el Poder Judicial de la Federación se refirió a los señalamientos en contra de la Corte, al expresar que “reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo capitalino en contra de la ministra presidenta Norma Piña”.
En aquella fecha, al conmemorar el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, manifestantes quemaron una piñata con la efigie de Piña Hernández.
“Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional, redunde en una confrontación no sólo institucional, sino entre los mexicanos”, se dijo en un comunicado fechado el 20 de marzo, en representación de los 11 ministros de la SCJN, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados y los jueces federales.
En aquella ocasión, dijeron que “la violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del Estado de derecho”.
“No más acciones de odio. No más violencia de género. México nos demanda más”, expuso en esa oportunidad.
