Durante el primer conversatorio realizado con motivo de la reforma que Morena busca presentar para que las y los ministros sean designados mediante el voto popular, especialistas advirtieron diversos riesgos políticos y de derechos humanos si esto llega a implementarse.
El encuentro reunió a expertos en materia jurídica, política y electoral que expusieron sus puntos de vista ante morenistas, dado que ningún integrante de la oposición acudió al ejercicio.
Mónica González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que sustituir el método por el que eligen a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vulneraría la independencia del Poder Judicial, no sólo en cuanto a los contrapesos del Estado, sino también respecto a los derechos humanos, pues dijo que se debe “evitar que la mayorías avasallen a las minorías”.
Señaló el riesgo de que haya injerencia partidista o de poderes fácticos y económicos que tienen los recursos para promover y “ubicar” a los ministros.
A esto, mencionó que habría un costo “altísimo” en organizar una jornada electoral para integrar al pleno de la Corte, dada la cantidad de candados que se deben implementar ante la desconfianza que existe en el país.
Amador Rodríguez Lozano, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, mencionó que el sistema de partidos contemporáneo fracasó y ahora, la mayoría de políticos tiene miedo a que el pueblo sea quien decida.
Aunque dijo que “nadie puede estar en contra de que el pueblo directamente designe tan importantes miembros”, consideró que la propuesta de Morena de primero solicitar una consulta popular para luego plantear su iniciativa sólo es de interés para los partidos, mas no para la población.
“Ni es revocatorio ni facultativo ni obligatorio. Estamos ante la creación de una nueva dimensión de esa institución de consulta popular, pues se pretende que el pueblo le diga a los políticos qué quieren para la designación de ministros de la Corte, que es un tema de la agenda política de los partidos y de el gobierno, pero que poco tiene que ver con la agenda de los ciudadanos”, dijo.
Mencionó que a la población, lo que le interesa es que se lleve a cabo una reforma judicial profunda, de forma que toque al sistema judicial desde el ámbito local.
El doctor Diego Valadés mencionó que “en un sistema constitucional y una democracia, no hay nada que no se toque”; sin embargo, apuntó que implementar una consulta podría afectar las garantías por dar lugar a diversos criterios para la designación de los ministros, que pueden no cumplir con los requisitos que hoy se exigen.
Dijo estar a favor de una revisión de selección de ministros, pero no en su forma popular, pues esto no resolverá el problema de injusticia del país, dijo.
DGC
