Luego de que ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de buscar imponer un “golpe de Estado técnico” al suspender las obras de su Gobierno, el diputado morenista Alejandro Robles formuló una iniciativa de ley para “proteger” las obras insignia de la administración ante las determinaciones de la Corte y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Bajo el argumento de que el derecho al acceso a la información no existe, el diputado federal, que en días pasados planteó “obradorizar” el Poder Judicial, presentó su propuesta, después de que la SCJN echó abajo el decreto con el que se declaraba a las obras como de seguridad nacional, concepto bajo el cual se han negado respuestas sobre el uso de recursos y otros detalles de los proyectos gubernamentales.
Para sostener la propuesta que expide la Ley para proteger las obras estratégicas del Estado mexicano, el morenista recurrió al concepto de “lawfare”, de la politóloga Arantxa Tirado, quien lo refiere como una “guerra judicial”, la cual ejemplifica con la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva en ese país.
Robles Gómez acusó que el Inai y la Corte son utilizadas por la “plutocracia nacional”, que ha emprendido una “guerra jurídica” contra el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es peor que el Inai y la SCJN se dejen usar por la oligarquía para frenar el desarrollo nacional y peor aún porque el pueblo de México es quien le paga no sólo sus salarios, sino también sus privilegios”, mencionó.
Al referirse a los gobiernos del PAN y del PRI, el morenista dijo que la “élite política” mexicana está “empecinada en mantener a los estados del sur en la miseria”, dado que es en esta región donde se encuentran proyectos prioritarios, como el Tren Maya.
“En concreto, el Inai, aduciendo un falso derecho a la información, y la SCJN, extralimitándose en su interpretación, tal como el ministro Zaldívar lo mencionó en sus disquisiciones sobre la inconstitucionalidad o no del decreto” presidencial del 22 de noviembre de 2021, dijo el legislador.
Su proyecto de ley consta de ocho artículos en los que se declara como de interés público y seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento y demás de los espacios, bienes y administración de servicios y polos de desarrollo para el bienestar de la población y obras a cargo del Gobierno de México asociados a transporte e infraestructura.
Dentro de éste no sólo incluye aquellas obras en dicha materia, sino también proyectos fronterizos, medio ambiente, salud “y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
En el último artículo, señala que no se considerará como de seguridad nacional la información derivada de la realización de las obras estratégicas del Estado mexicano.
También, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán otorgar, en un plazo máximo de 15 días, la autorización provisional, los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y así garantizar su ejecución.
En caso de que no se haya emitido la autorización dentro del plazo señalado, ésta se considerará resuelta en sentido positivo.