Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) apuntaron que la implementación del Plan B de la reforma electoral no se realizará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine sobre su vigencia.
En conferencia de prensa, se refirieron al plazo de 90 días previos al inicio del proceso electoral para que ya no se hagan reformas legales en la materia, el cual comenzaría este viernes.
Ante el hecho de que la SCJN todavía no resuelve sobre el tema, la consejera Claudia Zavala expuso que dicho plazo aplica para los congresos, no para el Poder Judicial.
“El plazo de los 90 días previsto en el artículo 105 constitucional es para los congresos. Los congresos tienen vedado hacer cambios sustantivos a las reglas de las contiendas electorales, los poderes legislativos. ¿Por qué está pensado ese plazo? Porque justo dan esos 90 días para que las autoridades electorales, o en este caso la Suprema Corte de Justicia pueda atender las posibles cuestiones de inconstitucionalidad.
“Ese plazo, desde mi punto de vista, no es para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un plazo previsto para que se pueda dar estabilidad jurídica dentro de los nueve días en un pronunciamiento judicial”, explicó.
El consejero Arturo Castillo mencionó que el artículo 105 constitucional textualmente establece que las leyes electorales deben ser promulgadas 90 días antes del inicio del proceso electoral.
“Si la Corte decidiera hacer una interpretación, digamos, un poco más extensiva y considerara que la resolución que en su caso emitan respecto del Plan B, también debe estar sujeta a la restricción que prevé este artículo constitucional, entonces el término para que emita esta resolución, podría aplicar o podría vencerse desde el día de mañana, hasta el transcurso de la próxima semana, porque está sujeto a cuando celebremos nosotros esta primera sesión”, comentó.
La consejera Dania Ravel recordó que por el momento está suspendida la aplicación del Plan B, porque existe una suspensión de la Corte.
“Tenemos una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concedió una suspensión, nosotros no podríamos entrar en un desacato ante esta suspensión, haber hecho alguna actividad para que nosotros lo implementáramos, eso hubiera implicado no observar lo que nos ordenó la Suprema Corte, y hacer también un desgaste institucional, para algo que no teníamos la certeza si se iba a implementar, que se iba a concretar o no”, indicó.
JVR
