La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que frenará la impresión de los nuevos libros de texto gratuito, en apego a la orden recibida de un juez que concedió una suspensión definitiva a padres de familia inconformes con los nuevos materiales.
Por medio de una breve tarjeta informativa, la dependencia indicó que fue notificada del requerimiento del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa que derivó del juicio que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
La SEP aseguró que será respetuosa de la ley y de las resoluciones de los juzgadores federales, por lo que actuará con apego al estado de derecho y dará cumplimiento a los requerimientos.
No obstante, advirtió que “en el momento procesal oportuno promoverá los recursos jurídicos correspondientes”.
El 26 de mayo, la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara concedió la suspensión definitiva a la UNPF, que demandó detener la impresión y distribución de los materiales por no estar de acuerdo con algunos de sus contenidos, como la educación sexual.
Medina Alcántara instruyó a que la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) verificaran la observación de los procedimientos legales que conducen la determinación de los programas y planes de estudio.
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley General de Educación, la SEP debe tomar en cuenta la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de actores sociales involucrados en la educación.
La jueza indicó que de no cumplirse con la legislación educativa, entonces la SEP y Conaliteg deberían detener el proceso de los libros de texto, hasta corroborar que hubo una revisión de los materiales por parte de las personas indicadas.
“En todos los casos, deberán ponderar la temporalidad para la impresión y entrega de los libros que requiera la ejecución de dichos procedimientos, pues esta suspensión no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024”, señaló la juzgadora.
La organización de padres de familia ha argumentado que las autoridades violentaron las garantías para reforzar la intervención de gobiernos locales y de la ciudadanía en el diseño de los materiales.
“Nosotros estamos a favor de que haya libros. No hay de nuestra parte el menor propósito de evitar que se entreguen a tiempo, más bien lo contrario, ni la mínima motivación ideológica. Expresamos nuestra decisión de mantenernos al margen de las distracciones, descalificaciones por motivos ideológicos y litigios en medios”, señalaron tras obtener la suspensión.
Asimismo, confiaron en el Poder Judicial para que sus peticiones sean atendidas conforme a la ley, pues advirtieron que seguirán en la “defensa” de la educación. Además, instaron a que más padres y liderazgos sociales los apoyen como observadores y vigilantes del proceso para que el contenido de los libros sea el “adecuado”.
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