Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), renunció al cargo luego de su vinculación a proceso por el incendio en un centro de retención migrante, que cobró la vida de 40 personas extranjeras el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con fuentes del INM, la salida del funcionario se dio el pasado 5 de junio. Su lugar será ocupado por Antonio Andrés Vidal Islas, que estaba en la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio de esa dependencia.
Antonio Molina fue vinculado a proceso el pasado 26 de abril por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, y era el encargado de garantizar la seguridad y procurar la protección civil en las instalaciones migratorias.
De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el ahora exfuncionario tenía conocimiento de los riesgos que tenía la estancia migratoria, pero a pesar de ello siguió funcionando. Por esa razón, se dejó que continuara su proceso en libertad, pero con la medida cautelar de firmar de manera mensual y no salir del país.
No obstante, el exfuncionario ha sido señalado recientemente por sus posibles vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por participar en un esquema de desvío de recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Al respecto, July Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del INM, dijo que es “sumamente extraña su renuncia”, ya que no se ha hecho pública y, en el marco de las nuevas acusaciones por su relación con García Luna, se logró amparar contra una orden de aprehensión “y ahora ya no se sabe dónde esté”.
“No sabemos ahora dónde está, no sabemos si realmente renunció o lo despidieron, porque Migración sigue siendo omisa, pues no dicen si realmente ha ido a firmar o si saben dónde se encuentra, ya que esa dependencia simplemente no da informes de lo que sucede. Él se ampara contra una orden de aprehensión y es extraño que después de las nuevas acusaciones, renuncie”, dijo.
Señaló que el funcionario que se queda en su cargo, es una persona con la que es muy difícil negociar, ya que en repetidas ocasiones se le han pedido beneficios para los migrantes, pero no escucha.
“Te saca siempre artículos de reglamentos para no cumplir con lo que sucede con los migrantes. Le insistimos que saque tarjetas humanitarias para que los migrantes no sean víctimas de extorsión, pero se negó”, agregó.
En paralelo, la FGR informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, el segundo migrante de origen venezolano que presuntamente participó en el incendio del centro de retención.
El extranjero fue imputado por la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), de la FGR, que había obtenido la orden de aprehensión correspondiente.
Lo anterior se dio, en virtud de que las pruebas aportadas por la fiscalía fueron suficientes para acreditar su probable participación como autor material por los delitos de homicidio, lesiones y daños, como uno de quienes inició el fuego.
El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.