Entre los procesos electorales del 2018 y del 2021, los más grandes en la historia dada la cantidad de cargos que se renovaron, se registró un aumento de 14.5 por ciento en el número de ataques criminales cometidos contra personajes involucrados en forma directa en el escenario político-electoral.
De acuerdo con reportes de Data Cívica, la cifra de ataques armados, amenazas y asesinatos contra personalidades políticas vinculadas a los comicios pasó de 103 en el 2018 a 118, tres años después.
Con estos antecedentes y la cifra superior a una decena de ataques que ya se contabilizan en este 2023, además del ambiente de crispación, uno de los retos principales que enfrentarán las autoridades en las elecciones del 2024 será atender la criminalidad que se involucra en las campañas y jornadas de votación.
Así lo consideró Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, quien en entrevista con La Razón manifestó que “estamos oficialmente preocupados” por el escenario que se pronostica para el próximo año.
Los datos que esta asociación compartió con este diario muestran una tendencia distinta entre los años 2018 y 2021, cuando el conteo de asesinatos a personas que buscaban candidaturas, que eran funcionarias públicas o que ya abanderaron algún partido, pasó de 145 a 88.
No obstante, la especialista mencionó que esto no representa necesariamente una baja en la intervención criminal dentro de las elecciones, sino una caída en los reportes que se generan como efecto del mismo actuar delincuencial, que busca suprimir la difusión de los hechos.
“Consideramos que hubo un declive en la cantidad de casos registrados por la prensa. Nuestra hipótesis es que es justamente a estos intentos por evitar que el fenómeno llame mucho la atención”, dijo.
El próximo año se renovarán más de tres mil cargos de elección popular. Además de la Presidencia de la República y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Además, se votará para elegir a quienes ocuparán las 128 senadurías y 500 diputaciones a nivel federal; las curules en 31 entidades federativas, con excepción del estado de Coahuila, así como al menos mil 580 ayuntamientos que estarán en funciones por los próximos tres años.
Daniela Arias explicó que los ataques criminales se detonan cuando se trata de la renovación de cargos locales, como será en los próximos comicios, debido a que en las zonas comunitarias es donde los gobernantes tienen contacto directo con la ciudadanía, por lo que “las nuevas formas de hacer las cosas en las comunidades pueden chocar con grupos armados o bandas criminales que tienen control y ven como amenaza la incidencia de partidos políticos o incluso líderes locales, porque lo que quieren es mantener cierto estatus y las condiciones que tienen”.
Ante esta advertencia, la experta manifestó preocupación porque se siente un “mal precedente” y ello detone vulneraciones a la integridad de la elección.
Para evitar esto, dijo, se debe recurrir también a la actuación desde el Legislativo, para establecer protocolos de prevención y atención a la violencia desde las leyes en materia electoral, y también para homologar los indicadores que permitan dimensionar con certeza este fenómeno.
