E titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reveló que 19 empresas de servicio de laboratorio clínico y de banco de sangre obtuvieron contratos por colusión en los anteriores gobiernos, con el propósito de repartirlos de manera ilícita.
Por lo anterior, abundo el funcionario, se impusieron sanciones a 13 de ellas, que incluyen 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en los procesos públicos licitatorios, además de multas de casi dos mil millones de pesos.
Agregó que, de las 24 sanciones por inhabilitación y multa, ocho se encuentran firmes y 16 están en revisión por parte de los juzgadores, debido a que las empresas han interpuesto amparos y recursos para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, lo que les permite continuar participando en los procedimientos de contratación.
En la conferencia de prensa mañanera ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes del gabinete de Salud, Salcedo Aquino indicó que las empresas “realizaron acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información”.
Mencionó que de 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de dichos servicios de laboratorio clínico y banco de sangre han participado 158 compañías, de las cuales 121 fueron contratadas, 89 y 32, respectivamente; 102 actuaron conforme a la ley, y 19 incurrieron en actos de corrupción.
Salcedo Aquino refirió que la SFP revisa la situación de los licitantes para prevenir alguna simulación, debido a que “se tienen dudas sobre algunas empresas que, presuntamente, para evadir las sanciones, utilizan filiales y/o el cambio de razón social para continuar participando en contrataciones públicas”.
Anticipó que está en análisis un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas, con el objetivo de evaluar y evitar la elusión de las sanciones.
A su vez, el director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que desde marzo de 2016 el instituto denunció ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estas irregularidades de las empresas que ofrecen servicios de laboratorio clínico y banco de sangre, pero fue en 2020 cuando el asunto se resolvió con una multa, pero no se inhabilitaron.
Ante esa situación, el funcionario indicó que se realizaron algunos cambios en la licitación pública como la eliminación del requisito de la carta de apoyo del fabricante de los equipos médicos; aumentó de 30 a 90 días el tiempo para la puesta a punto, a fin de asegurar al ganador el plazo suficiente para brindar el servicio.
FGR
