Para Christian, ser su propio jefe es una meta que hace poco alcanzó. Por años había sido empleado en varias empresas y nunca le gustó tener jefes, así que decidió poner su propio negocio: una barbería. Sin embargo, ese sueño logrado fue eclipsado por el flagelo de la extorsión.
“Tengo una barbería, pero el año pasado llegaron dos personas a mi negocio, me sacaron la pistola y me dieron una semana para juntar cinco mil pesos como forma de protección porque, de no dárselos, me quitarían mi negocio y me matarían. Se los di una semana después, pero me cobraron tres veces más la misma cantidad hasta hace dos meses”, narró a este diario, desde Tlalnepantla, Estado de México.
El pequeño comerciante ha tenido que vender máquinas de cortar cabello para pagar las extorsiones, pero hasta el momento no ha denunciado, ya que tiene temor de que sus extorsionadores se enteren, llegue la policía y lo vean; por ello, mejor busca la manera de huir y comenzar de nuevo.
En México, la extorsión es uno de los delitos que más lacera a la población y que menos se denuncia por miedo y por el riesgo que implica para las familias perder su patrimonio o llegar a las agresiones físicas.
Aunado a esto, otros factores marcados que impiden el combate de este delito, como son la deficiente tipificación y el desdén y los obstáculos que prevalecen en las fiscalías, provocan incluso que la incidencia vaya en ascenso.
Las bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que el delito de extorsión sólo tuvo un pequeño descenso en el 2020, por el confinamiento derivado del Covid-19. En el 2018 hubo seis mil 721 ilícitos; ocho mil 734 en el 2019; siete mil 960 en el 2020; ocho mil 828 en el 2021 y 10 mil 343 en el 2022, mientras que a junio de este 2023 suman cinco mil 056 hechos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe), existen diferentes modalidades del delito, cometidas a través de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales, secuestro y cobro de piso, entre los más conocidos, además de que en la mayoría de los casos se realiza en la calle, domicilio y trabajo de la víctima o negocio.
Las entidades donde hay más registro de extorsiones en lo que va del 2023 son Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán y Morelos.
Sin embargo, no es tan fácil identificar y combatir este ilícito, pues en ocasiones se comete en una entidad diferente a donde reside la víctima.
Al respecto, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), aseguró que uno de los problemas que hacen muy complejo combatir este delito es que se da entre estados y no existe una diferenciación de qué autoridad debe investigarlo y sancionarlo.
“Si un grupo o persona extorsiona en una entidad y se mueve a otra, es muy difícil conocer qué autoridad es la responsable, debido a que cada entidad cataloga al delito de diferente manera y no como otros delitos, que son forzosamente estatales, como el secuestro”, explicó a La Razón.
Agregó que el problema es precisamente que está muy dejado de lado y no está clasificado de un modo adecuado el delito, y por ello, recordó que han impulsado una ley general para que nadie pueda decir: “’pues es que como el extorsionador está en Tamaulipas o está en un penal de la Ciudad de México, pues a mí no me toca’.
“No se sabe con claridad qué sucede si eres víctima en el Estado de México y el autor, por ejemplo, está en Guanajuato, en Jalisco, en Tamaulipas o en la Ciudad de México. No sabemos quién lo investiga”, dijo.
Así que es muy difícil que se indague, sobre todo en temas de engaños telefónicos o de fraudes cibernéticos, ya que, reiteró, “nadie investiga esos delitos”.
Otro problema, compartió, es que los ciudadanos no denuncian por el temor, ya que los delincuentes amenazan y saben dónde viven las víctimas.
En el caso de Christian, no ha denunciado ni lo hará, dijo, por miedo: “No estoy tonto, sólo que estoy viendo cómo mudarme rápido a otro sitio para que se acabe esto”.
Al igual que Christian, María también lidia con esta situación. Decidió emprender y poner una cafetería en Azcapotzalco, pero sólo unos meses vivió tranquila, ya que la delincuencia la alcanzó con cobros de cinco mil pesos mensuales. Después de ese calvario, decidió vender su equipo y buscar un trabajo formal, pues el dinero nunca alcanzó.
“Tuve que pagarlos porque era mi única forma de sustento, pero después de unos meses decidí cerrar el negocio para que terminara la situación. No me alcanzaba para pagar la renta y la extorsión, por lo que decidí mejor vender todo mi equipo, que no era mucho, para buscarme un trabajo y estar en paz”, narró.
La joven tampoco denunció, pues comentó que los policías estaban de alguna forma “coludidos”, ya que siempre la extorsionaban a la luz del día, incluso con presencia de ellos en algunas ocasiones.
El miedo nutre
Un componente esencial para que este delito se incube entre la sociedad es el miedo. La doctora en psicología Alva Ramírez Villatoro dijo a La Razón que los criminales utilizan esta sensación para fortalecer su actividad, pues cuando la gente lo experimenta, se paraliza y acaba cediendo sin denunciar, para evitar riesgos.
“Cuando tenemos miedo, nos paralizamos, huimos y evadimos la situación para protegernos, pero eso es lo que aprovechan los criminales para obtener sus objetivos. Si tienen la necesidad de salir de ese problema, la gente paga la extorsión como método de respuesta instintiva para no tener consecuencias negativas; por ese mismo miedo la gente no denuncia”, explicó.
Indicó que, al inicio de las amenazas, el bloqueo de las víctimas es total, pero cuando se piensa en las consecuencias, el miedo se apodera de los pensamientos y acciones, y por ello se evita realizar cualquier denuncia. Además, dijo que, al ser un delito que no está a la vista, es muy difícil combatirlo, lo que deja a las personas sin certeza de protección.
“No se sabe contra quién ir, quién es el responsable o quién te extorsiona y por ello el miedo”, añadió.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 del Inegi establece que el 15.9 por ciento de la población mexicana percibe que hay cobro de piso o extorsiones en los alrededores de sus domicilios.
Para el abogado penalista Alberto Woolrich, el tema es complejo. Si bien coincidió en que son los estados los que deben sancionar la extorsión porque cada entidad tiene su Código Penal, aclaró que la obligación suprema de prevenir es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Los estados deben sancionarlo, pero la Secretaría de Seguridad es la obligada a prevenirlo y combatirlo, aunque esto debe ser producto de una delincuencia organizada.
“Si te cobran por derecho de piso, pero se descubre que es por delincuencia organizada, es en la Fiscalía General de la República o cualquier delito de esa índole que tenga que ver con grupos organizados, pero si no es así, debe ser en los estados. Todo depende de la investigación, ya que pueden ser delitos del fuero común o del fuero federal”, explicó el litigante.
Monstruo de mil cabezas
El fenómeno de la extorsión se ha expandido más allá del cobro de piso en negocios. El sector de autotransporte también es “cliente” y los transportistas se mantienen en alerta; basta recordar que en las últimas protestas de este sector, el reclamo de una mejor atención para acabar con la extorsión es una constante.
El Ojos, como conocen a un chofer de ruta en el Valle de México, aseguró que en diversos ramales entre el Estado de México y la Ciudad de México se dan estos casos.
Detalló que en los paraderos de Tacuba, Toreo y El Rosario hacia los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, hay diferentes cobros.
“Yo tengo la ruta hacia San Bartolo y El Toreo, pero los checadores en muchas ocasiones son los extorsionadores. No sabemos qué grupos son, sólo que nos han amenazado a todos con darles dinero o nos pueden hacer daño a nosotros y las unidades”, explicó a este diario.
El Ojos paga cinco pesos por vuelta los siete días de la semana y en su ruta son decenas de camionetas las que tienen el traslado. Además, comentó que a sus compañeros de la ruta que viajan al Metro Tacuba también les cobran para evitar que su unidad sea asaltada en los trayectos. A pesar de ello, hay robos en todo momento.
Sobre la responsabilidad que cada entidad tiene para combatir este delito, el secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que el gran problema es que los gobiernos estatales han sido omisos con el tema, pues son delitos que, como crimen organizado, se deben prevenir en cualquiera de sus formas.
Consideró que, en el caso de las llamadas de extorsión, deben crear una policía cibernética especializada que investigue de dónde viene, además de campañas y mapeos para que la gente sepa a dónde puede ir a denunciar.
“Cualquier tipo penal es bueno mejorarlo, pero lo importante es la prevención; esto es, que los gobiernos estatales hagan su trabajo, ya que han sido omisos. Es un delito estatal y, en cualquiera de sus formas, es necesario combatir el crimen organizado, pues más allá de un tipo penal, es una omisión de los gobiernos combatirlos; es su obligación”, dijo.
Pero, aunque la mejor solución es denunciar el delito, en muchas ocasiones no llega a un buen final, ya que las autoridades hacen perder el tiempo a las víctimas, sin avanzar en las investigaciones.
Una reconocida activista en la Ciudad de México, quien por razones de seguridad quiso conservar el anonimato, fue presa de la extorsión durante la pandemia por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Contó que lo que la alarmó fue que le mandaron fotos de la entrada de su casa.
De inmediato llamó a las autoridades y llegaron a revisar el caso; proporcionó todos los datos de denuncias, números de dónde se comunicaban, fotos y demás, pero nunca se tuvieron resultados.
“No vas a recuperar nada, vas a dar muchas vueltas, pero tu denuncia puede ayudar a desmantelar el día de mañana una banda. Tal vez le puede tocar a alguien y las denuncias previas ayudaron a salvar el tema, pero en los hechos no se avanza en las investigaciones, no hay resultados y sólo pierdes el tiempo”, explicó.
También alertó que todas las publicaciones que se hacen en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok sirven para que los delincuentes saquen información y con ello extorsionen.
Y aunque sabe que es obligatorio denunciar, la activista dijo sentir mucha frustración, pues acudió varias veces al Ministerio Público, aunque nunca logró nada.
“Aunque vayas a denunciar, la realidad es que no esperes nada. A veces las instituciones no sirven para investigar, hay mucha corrupción, pierdes el tiempo y hasta puedes seguir en riesgo”, lamentó.
