Tras ratificar su decisión de retirarse, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cerró su investigación en el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la denuncia de obstáculos, mentiras y ocultamiento de datos de parte de instituciones del Estado mexicano.
Luego de un trabajo que se prolongó por ocho años, los integrantes del GIEI Ángela Buitrago y Carlos Beristain, señalaron que es determinante que se aborde este tema y que la mentira no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que se consideran incómodas.
“Se hace imposible continuar. El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad (y hay riesgo de) que la mentira se institucionalice como respuesta”, aseguró Beristain.
Al presentar el sexto y último informe del caso, con la presencia de los padres de los 43 y ante insistentes peticiones de que no se vayan del país, señalaron que las pruebas recopiladas hasta el momento muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado.
“Todas las corporaciones del Estado (participaron con) distintos niveles de responsabilidad”, aseguró Beristain.
También concluyeron que hay multiplicidad de carpetas dispersas en varias instituciones, que se deben indagar de manera conjunta para llegar a la verdad, lo que es un reto para la Fiscalía General de la República (FGR), encargada del caso.
Además, ratificaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno y de diversas instituciones, así como el grupo criminal Guerreros Unidos, estuvieron implicados en la detención, secuestro y desaparición de los estudiantes.
Entre los hallazgos más recientes, documentados en el último informe, se estableció que agentes del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), encargado de realizar labores de inteligencia, participaron en la detención, interrogatorio y tortura de personas señaladas de participar en el ataque y desaparición de los normalistas en 2014.
“Hubo un agente del Cisen y en su último informe señala que había un informante, pero los policías lo intimidaron para que se fuera. Un testigo protegido identificó al agente y no se retiró, sino que observó los dos ataques”, añadió Beristain. Es decir, el Cisen tenía información de las escenas de las agresiones.
El experto explicó que en documentos a los que han tenido acceso, se niega todo vínculo de los estudiantes con el crimen organizado; en contraparte, autoridades de diversas instituciones actuaron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en el municipio de Iguala y aledaños, realizando detenciones y ataques.
En este sentido, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo conocimiento de todas las actividades en tiempo real, antes, durante y después del secuestro y desaparición de los normalistas. Lo anterior se concluyó tras un extenso análisis de georreferenciación de cientos de llamadas al C4 en las “horas críticas” de la desaparición.
Ángela Buitrago aseguró que “la Marina estuvo desde el 27 (de septiembre) en el Río San Juan y no el 29, interviniendo de manera ilegal el lugar. Se detalla que descubrieron varias otras bolsas y había una a un metro de la orilla. Esa bolsa es la que el día después se iba a descubrir”. En este lugar se encontraron los restos de Alexander Mora, una de las víctimas.
Los expertos señalaron que marinos participaron en interrogatorios y detenciones, y de esas entrevistas surgió la llamada “verdad histórica”. Denunciaron un aparato de Estado que utilizó la mentira y ocultamiento como forma de respuesta al caso, además de que, por decisiones políticas, se trató de cerrar el expediente.
El último informe es un cúmulo de nuevas preguntas sin responder, que “perpetúan la impunidad, bloquean el acceso a la verdad” e implican un “maltrato psicológico a las víctimas”, señalaron los expertos.
Abren nuevas pistas del paradero de los 43
Con la detección de varias contradicciones en la información brindada al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), salieron a la luz nuevos posibles paraderos de los 43 normalistas, incongruencias en los reportes y comunicación permanente entre autoridades durante la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Algunos de los documentos militares obtenidos por los expertos, consignados en su último informe del grupo, muestran significativas inconsistencias, como el hallazgo del cuerpo torturado y desollado de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes, que fue reportado por militares de dos batallones distintos en dos lugares diferentes.
El lugar donde se encontró el cuerpo de este normalista, según la 35 Zona Militar, habría sido Mexcaltepec, municipio de Taxco de Alarcón. Los reportes oficiales señalan, en cambio, que fue en la zona industrial de Iguala y que fue localizado por el 41 Batallón de Infantería tras una llamada anónima.
No obstante, documentos y declaraciones del 27 Batallón de Infantería señalan que fue éste el que llegó al lugar. El GIEI determinó que existen también contradicciones sobre la hora del hallazgo.
Se tiene conocimiento, por los documentos de la 35 Zona Militar, que fue localizado en Mexcaltepec, lugar al que los miembros del grupo de expertos reconocen como un posible destino de los normalistas.
Otros dos posibles paraderos que los integrantes del GIEI dan, como resultado de las investigaciones tras ocho años, es la Barranca La Carnicería, sitio en donde se localizaron los restos de los normalistas Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero Cruz.
A pesar de ello, los expertos independientes Ángela Buitrago y Carlos Beristain aseguran que no saben la manera en cómo llegaron hasta ese sitio, pista que le corresponde seguir a la Fiscalía General de la República (FGR).
El tercer sitio de un posible destino de los estudiantes es el municipio de Chilpancingo, debido a que documentos en poder del GIEI y testimonios de policías aseguran que, luego de dividir en dos grupos a los jóvenes y luego repartirlos en otros grupos, al menos 17 personas fueron trasladadas hasta la comisaría de Barandilla, en donde fueron golpeados y sometidos en el piso.
Los jóvenes estuvieron ahí, incluso algunos días después del ataque, cuando el caso ya estaba siendo investigado, lo que generó tensiones entre los propios criminales, quienes pedían internamente liberarlos para evitar consecuencias, situación que no se hizo, ya que fueron llevados a otro lado, que hasta el momento se desconoce.
“No es posible que, en un espacio tan pequeño, como lo es Iguala, y con tantas policías, haya pasado un hecho tan grande, no es concebible lo que pasó”, dijo Ángela Buitrago.
Otros hallazgos contenidos en el reporte fueron comunicaciones entre Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía de Iguala en el 2014, con Gilberto N, El Gil, jefe regional de Guerreros Unidos, el 26 de septiembre de ese año, en los que confirman la detención de 17 normalistas “en la cueva”.
En otra conversación del 4 de octubre, entre el sujeto identificado como El Cholo Palacios, jefe de plaza en Iguala de Guerreros Unidos, y un policía de nombre Ramón, que no se sabe quién es y que no se ha investigado, se detalla: “Ya se encontraron las fosas que se señalaron inicialmente como donde podrían encontrarse los estudiantes desaparecidos”.
En la misma se habla de que “querían que les soltaran, aunque sea 10, como estuvieran, para calmar un poco”.
Esto, a decir del GIEI, da cuenta de que en ese momento se tenía en custodia a los normalistas, antes de su desaparición final.
Además, Buitrago y Beristain detallaron, en su último informe, que el ataque contra los estudiantes no se registró sólo en un sitio, ni en un solo lugar, ya que la agresión duró por lo menos cuatro horas en siete diferentes ubicaciones, en donde se registraron por lo menos 200 disparos de armas de fuego.
De acuerdo con los expertos, la ofensiva comenzó a las 21:20 horas y se extendió hasta las 01:30 horas del 27 de septiembre del 2014, cuando participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los dos primeros se llevaron a cabo entre las 21:20 y las 22:30 en la calle Galeana y plaza de Iguala, y Juan N. Álvarez, mientras que el segundo tuvo lugar en la zona del Palacio de Justicia. Tras esos dos ataques se registraron las desapariciones de los normalistas.
Minutos más tarde se dio el ataque en Santa Teresa al autobús del equipo de futbol Los Avispones. Dos más ocurrieron en la Colonia Pajaritos y en la calle 24 de Febrero, desde las 22:30 y hasta las 00:30 horas, contra los sobrevivientes del quinto autobús, que huían y trataban de protegerse de la persecución policial.
El sexto ataque se dio en la calle Juan N. Álvarez de nuevo, mientras los estudiantes sobrevivientes del primer ataque y otros que llegaron de la escuela daban una rueda de prensa, donde murieron dos normalistas, otro quedó gravemente herido y otras personas fueron igualmente lesionadas. La séptima y última agresión sucedió en Mezcala, en un retén montado por grupos de la delincuencia organizada, y donde fue herido un policía estatal.
Se sabrá la verdad, dice el Presidente
A pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) terminó su participación en la investigación del caso de los 43 normalistas por decisión propia, el Gobierno continuará porque es un compromiso asumido desde el 2018 “que voy a cumplir” para que se conozca la verdad, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia, consideró que el GIEI hizo una buena indagatoria de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, donde hasta ahora se tienen detenidos entre 120 y 130 personas, civiles y militares.
“Me reuní con el grupo, son dos (integrantes) los que se quedaron, y ya concluyen su labor; agradecemos por lo que han hecho, una buena investigación y van a presentar un reporte. Nosotros vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado mucho”, comentó.
Mencionó que en la reunión con Ángela Buitrago y Carlos Beristain, les comentó que en ningún país del mundo un Gobierno lleva a cabo una investigación, sobre todo una decisión de castigar a los responsables, por eso “aquí están detenidos altos funcionarios públicos, que no había sucedido, tanto civiles como militares”.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos de que los padres se sentirán descobijados sin los expertos, contestó: “Sí, pero ellos decidieron concluir su etapa y ya nosotros vamos a continuar. Va muy avanzada la investigación”.
Garantizó a los familiares de los normalistas que se conocerá la verdad sobre los hechos de Iguala, como lo ofreció al asumir la Presidencia hace cinco años.
“Yo tengo el compromiso de llegar a conocer toda la verdad, a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y es un compromiso que lo voy a cumplir, lo estoy cumpliendo, se está avanzando, se va avanzando y mucho.
“Deben de estar detenidos como 120-130 personas, civiles y servidores públicos. En otros países no se llega a tanto. Si no hubiese triunfado nuestro movimiento, ya le hubiesen dado carpetazo a ese asunto los del bloque conservador”, aseveró.
AM