El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de ley para castigar hasta con 60 años de prisión el uso de drones para transportar, activar o detonar armas, municiones y materiales para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La propuesta reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y plantea sanciones de hasta 13 años de prisión a quien utilice drones con fines de espionaje o vigilancia contra agentes del estado cuando el objetivo sea agredirlos o evadir la justicia.
El objetivo, plantea, es establecer agravantes a los delitos cometidos en contra de las personas o bienes mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia para prevenir, evitar y castigar el uso de este tipo de aeronaves en actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o vida de las personas que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional, presionar u obligar a la autoridad o a un particular a que tomen una determinación.
Pena aumentará más si se dirige a las Fuerzas Armadas
Las reformas al Código Penal Federal establecen que se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y multas de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia para cometer delitos en contra de las personas o bienes.
Considera, además, una sanción de 10 a 20 años de prisión a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia realice la siguientes conductas:
- Arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por si solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes e impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Establece que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.
Señala que cuando se cometiere por una persona servidora pública de alguna corporación policial, además de las penas señaladas y la destitución del empleo, se le inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
DAN
