Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “sigue sin acreditar que los libros de texto gratuitos fueron impresos de acuerdo a las normas vigentes”.
La juzgadora señaló ayer que la dependencia federal no presentó constancias para comprobar que había cumplido con la suspensión definitiva otorgada el pasado 26 de mayo.
El informe entregado por la juzgadora se da luego de que la autoridad educativa hizo caso omiso a la suspensión otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), toda vez que los libros impugnados ya se empezaron a distribuir, a pesar de que existe la “suspensión judicial” que le ordena a la institución frenar el proceso hasta que compruebe que la elaboración de materiales se realizó apegada a la ley.
“(Las autoridades) no acreditan que, de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados, con las formalidades legales respectivas”, refirió la jueza.
El proceso forma parte del juicio de amparo número 784/2023, que fue tramitado por la UNPF, al reclamar que los materiales no se adecuaron a los planes y programas de estudio vigentes, y tampoco se respetó el procedimiento legal previsto para su emisión.
“Se trata de 14 libros de texto gratuitos (de un total de 33) que, por una orden judicial, no deben distribuirse en las escuelas del país: cinco de primer grado de primaria; cinco de segundo grado; dos de tercero y otros dos de cuarto grado, los cuales no se adecuaron a los planes y programas de estudio vigentes para el ciclo escolar que iniciará el 28 de agosto”, dijo la juzgadora en su informe.
Y advirtió que esta situación provocará que “la distribución de millones de copias de los 14 libros, que se pide no distribuir es completamente ilegal”, ya que, según registros judiciales “la SEP no siguió el debido proceso, pues debió dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación los programas educativos”.
La impartidora de justicia tiene programada para el 18 de este mes la audiencia en la que definirá si concede el amparo solicitado por la UNPF y si se frena definitivamente la distribución de los libros, mismos que ya comenzaron a ser entregados en varias entidades.
No acreditan que, de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados,Yadira Medina, Jueza Tercero de Distrito en la CDMX
implementaron los mecanismos para que la impresión de
los libros se realice conforme a las formalidades legales
Analizan controversia
Por la noche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que turnó al ministro Luis María Aguilar la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros. En caso de que el máximo tribunal admita a trámite el recurso, se ordenaría suspender la entrega de los materiales.
Chihuahua es el primer estado en impugnar ante la Corte los contenidos y difusión de los materiales, aduciendo “probables violaciones a los procedimientos y formalidades en la aprobación de los contenidos de los libros de texto”.
Señaló como responsables a la SEP, la subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Materiales Educativos, de la Conaliteg.