Los estados del país no están impedidos de distribuir los nuevos libros de texto gratuitos, debido a que el amparo sólo es contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) y esa dependencia es la que está violando la ley, coincidieron abogados constitucionalistas.
En entrevista con La Razón, Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho (AMD), explicó que la única entidad que al momento no puede hacer la distribución es Chihuahua, porque cuenta con un amparo. Además, dijo que los estados pueden tomar sus propias decisiones porque son autónomos.
El jurista dijo que para que todos los estados no distribuyan los libros, es necesario que cada uno se ampare, pues es la SEP la que está infringiendo la ley solamente. “A la SEP se le obliga bajo esa determinación a abstenerse de distribuir los libros en el estado de Chihuahua, exclusivamente, pero si la dependencia tuviera congruencia, tendría que ver que es inconstitucional la entrega de esos libros”, agregó.
“No, definitivamente los estados no tienen restricción alguna de distribuir los libros de texto gratuitos, debido a que son territorios soberanos y así lo señala la Constitución. Las determinaciones que tomen los propios estados implican ejercer su soberanía”, explicó.
El jurista dijo que para que todos los estados no distribuyan los libros, es necesario que cada uno se ampare.
A su vez, Miguel Ángel Ortiz, abogado constitucionalista de la organización Educación con Rumbo, aseveró que, si se distribuyen los libros pese a la suspensión y sin que la SEP acredite contar con los programas, habrá una violación consumada de parte de esta dependencia a la restricción judicial y al respecto hay sanciones que van desde el campo administrativo hasta la acción penal.
Apuntó: “Por haber desacatado una disposición judicial sí puede haber una sanción administrativa y hasta penal. Los estados deberían acatarse al respeto de ese amparo, aunque la obligación va directamente a la SEP”.
