La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que 58 periodistas y 107 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en lo que va del sexenio.
Un informe del Mecanismo de Protección presentado por el coordinador ejecutivo nacional, Enrique Irazoque Palazuelos, en la Cámara de Diputados, apuntó que el 55 por ciento de los homicidios contra la prensa mexicana se ha concentrado en seis entidades: Sonora, con nueve; Veracruz y Guerrero, con siete cada uno, y Estado de México, Michoacán y Oaxaca, con tres cada uno.
En el apartado de “Combate a la impunidad” no se desglosa el historial de todos los casos, únicamente lo correspondiente al anterior y a este año.
De los 13 casos reconocidos en el 2022, se reportan 26 personas detenidas, de las que únicamente cinco han sido sentenciadas y los 21 restantes fueron vinculadas a proceso, en tanto que, siete más están prófugas de la justicia.
En cuanto al 2023, hay tres casos, en los que sólo ha habido un detenido ya vinculado a proceso y, además, se reportan dos prófugos de la justicia.
En el mismo apartado se apunta que el año con más crímenes contra periodistas no fue el pasado, sino el 2019, cuando se contabilizaron 14 homicidios.
Respecto a los crímenes contra defensores, el 64.4 por ciento se concentró en Guerrero, con 22; Oaxaca, con 17; Chihuahua, con nueve; Chiapas, ocho; Morelos, siete, y Veracruz, con seis.
Acerca de la legislación para proteger la integridad de periodistas y defensores, se apunta que 15 entidades aún no cuentan con ley alguna en la materia.
Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
La situación toma un sentido distinto al evaluar a las fiscalías, pues el reporte apunta que 20 entidades federativas no cuentan con instancias para la protección de personas defensoras y la prensa.
En cuanto a las otras 12, Baja California, Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Sonora, se apunta que sí cuentan con fiscalías que brindan atención a estos sectores o que están especializadas en investigar delitos cometidos contra los mismos.
El Mecanismo reportó que, a la fecha, hay dos mil 170 personas incorporadas a él, de las cuales 604 son periodistas; mil 179, defensores, y 387 son familiares.
Durante el foro encabezado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, la diputada presidenta, Nelly Minerva Carrasco, admitió que uno de los retos que no se ha cumplido es lograr que se apruebe una iniciativa que faculte al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención y protección ante agresiones.
Esta iniciativa fue avalada por la comisión en enero, pero su discusión ante el Pleno de San Lázaro no se ha logrado.
La actuación del Mecanismo fue criticada por la diputada morenista Inés Parra, quien acusó a esta instancia de parcial y de, a pesar de que su misión es proteger a las personas periodistas y defensoras de derechos, deja libres a los agresores.
La perredista Gabriela Sodi mencionó que es esencial visibilizar que las agresiones han alcanzado a las familias de los afectados directamente.