El ministro de la Suprema Corte de Justicia dela Nación (SCJN) Luis María Aguilar concedió la suspensión en la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Coahuila para frenar la distribución de los libros de texto en esa entidad.
Con esto el gobierno de Miguel Riquelme, se suma al gobierno de Chihuahua quien también obtuvo respuesta de la Corte, el pasado 11 de agosto, cuando el ministro Aguilar dictó una medida similar en la demanda del gobierno de Maru Campos, quien además informó que su estado ya trabaja en la elaboración de sus propios textos.
De este modo Coahuila y Chihuahua son las únicas entidades que han recurrido a la Corte por este tema que ha resultado polémico en algunos sectores.
El ministro dijo que su resolución se basa en las reglas que fija la Ley General de Educación (LGE) para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, mismas que según los estados inconformes “no fueron cumplidas”.
Aguilar recibió la controversia en la que el estado de Coahuila alegaba que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), cumplieron con los planes que marca la ley para la elaboración de los materiales.
"El interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros", dijo Luis María Aguilar.
Agregó: "Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE".
La suspensión otorgada por el ministro, podrá ser impugnada por el Ejecutivo Federal ante una de las salas de la Corte, pero pasarán al menos unos dos meses para que se dicte sentencia confirmando o revocando la medida.
Leo