Al anunciar que se instalarán tianguis de libros de texto gratuitos en los estados donde no se acepta su distribución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, por otorgar otra suspensión para frenar la entrega de los materiales, ahora al gobierno de Coahuila.
Ante esa problemática, el mandatario propuso que se establezcan mecanismos como instaurar espacios en casas o tianguis de libros en las cercanías de las escuelas de educación primaria y secundaria de aquellas entidades donde promovieron recursos legales para detener la entrega de los materiales educativos en las escuelas.
“Lo que vamos a hacer es protegerlos; me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos. Ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros; puede ser que se amparen también. Sí, por ejemplo, por las casas, quién quiere; ‘Tianguis de libros, aquí hay libros para los que quieran, vengan’”, explicó.
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Calificó la acción del ministro Aguilar Morales como “arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera”; sin embargo, dijo, el Gobierno acatará la decisión y esperará el fallo final sobre las controversias constitucionales que interpusieron los gobernadores de Chihuahua, María Eugenia Campos, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.
“Vamos a respetar esta decisión, aunque tenemos derecho a manifestar que se trata de una decisión arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera. Vamos a esperar si antes resuelven en definitiva; si no, los padres y maestros, pues tienen que manifestarse. Que sepan que no se entregan los libros porque lo impide este ministro Aguilar”, acusó.
El titular del Ejecutivo denunció que la acción del mandatario Riquelme obedece más a una postura política personal. “Por ejemplo, en el caso de Coahuila, me pregunto, el gobernador actual ya va a terminar y ya está pensando en ver qué otro cargo ocupa; entonces, utiliza esto (controversia) para proyectarse. Ya va a terminar en noviembre”.
Aprovechó para convocar a los padres de familia y maestros a manifestarse en contra del freno a la distribución de los libros de texto gratuitos, ante la cercanía del ciclo escolar 2023-2024 que inicia el 28 de agosto próximo.
López Obrador volvió a criticar a las personas que están destruyendo los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como ocurrió el fin de semana en San Cristóbal de las Casas, lo cual calificó como una medida medieval.
Jueza reafirma que SEP violó la ley educativa
Las autoridades educativas violaron reiteradamente la ley en el proceso para los nuevos libros de texto, que ya estaban impresos meses antes de que existieran los programas de estudio respectivos, explicó la jueza federal Yadira Medina Alcántara.
Los libros de texto exhibidos por las autoridades ante la jueza fueron impresos en enero (para primer grado), febrero (segundo), abril (tercero), abril y mayo (cuarto), junio (quinto y multigrado) y julio (sexto) de 2023, mientras que los planes de estudio para cada grado fueron publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el 15 de agosto, a menos de dos semanas del inicio del ciclo.
“El procedimiento utilizado por las autoridades carece de relevancia jurídica, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron, y después se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio cuando esto último debe realizarse primero, porque aquellos (libros de texto) se deben ajustar a los programas de estudio y no a la inversa”, explica.
La jueza también advirtió que el plan de estudios, que es la base del proyecto que se refleja en los libros, es de dudosa constitucionalidad, pues otro juez federal, Francisco Javier Rebolledo, concedió el 16 de junio un amparo en el que impuso condiciones para su aplicación general en el ciclo 2023-2024, sentencia que aún está en revisión.
De esta manera se hicieron públicos los detalles del amparo promovido por la Unión de Padres de Familia, que solicitan a la SEP frenar la distribución de libros de texto y aunque se deja ver que la autoridad educativa sí imprimió libros sin programas de estudio.
Se advierte que la sentencia de la jueza no obliga a la SEP a cumplir, ya que para éste se acate debe ser respaldado por un Tribunal Colegiado, lo que llevará al menos tres meses.
