Activistas en derechos migrantes alertaron que el gasto que ha ejercido el Instituto Nacional de Migración (INM) para deportar a migrantes es excesivo, pues por cada persona devuelta a su país de origen en los últimos tres años y medio, se gastó en promedio ocho mil 634 pesos, recursos que, aseguran, se pueden invertir en mejorar las estancias migratorias, por ejemplo.
De acuerdo con una solicitud de información, durante 2020 el INM gastó para este fin 375 millones 439 mil 276 pesos; para 2021 fueron mil 045 millones 770 mil 492 pesos; en 2022 se utilizaron mil 161 millones 558 mil 597 pesos, y de enero a junio de este 2023 van 251 millones 436 mil 871 pesos, tiempo en el que se deportaron a 328 mil 230 migrantes.
Es decir, en los últimos tres años y medio, la dependencia federal gastó dos mil 834 millones 205 mil 218 pesos en total, lo que equivale a 320 mil becas Benito Juárez para alumnos de educación básica y media superior, ya que por alumno son ocho mil 750 pesos cada año.
La perspectiva del Gobierno de México es de disuasión y por ello gastan mucho en recursos para deportación. Se supone que las deportaciones fueron a la baja y no tiene sentido que el gasto siga siendo tan altoGretchen Kuhner<br>Directora del Imumi
Además, el dinero empleado para este fin representó una importante merma en el presupuesto del INM, pues tan sólo en 2021, los mil 045 millones de pesos gastados significó el 65 por ciento de sus ingresos; mientras que en 2022, esta partida fue del 69 por ciento.
“No vale la pena gastar tanto en ese tema, más bien invertirlo en programas de reintegración. Hablé con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) la semana pasada y me dicen que más o menos han pagado 170 millones de pesos anualmente; por ello, en vez de estar gastando, pudiéramos tener ganancias”, explicó la directora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón.
En entrevista con La Razón, la activista expuso que la deportación es más un deseo del gobierno de Estados Unidos que de México, pues aseguró que ni siquiera es una prioridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y más bien se responde a una presión de ese país, lo que cuesta recursos y retornos sin ningún plan.
Agregó que es necesario ser más cuidadosos en los procesos de exportación y revisar cada caso, porque se debe repensar el gasto, pues “no es posible” que se gaste más de la mitad del presupuesto anual cuando se puede invertir en otros temas, como el mejoramiento de las estaciones migratorias.
Con esta visión coincidió Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), quien expuso que “la perspectiva del Gobierno de México es de disuasión y por ello gastan mucho en recursos para deportación. Se supone que las deportaciones fueron a la baja y no tiene sentido que el gasto siga siendo tan alto, pues es mucho dinero lo que se gasta en aviones”.
La experta ratificó que hay una fuerte presión por parte del Gobierno de Estados Unidos, pues por ello hay una negociación de visas humanitarias y otros recursos para que la gente no vaya a ese país; sin embargo, aclaró que han pedido que se invierta en temas como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o programas para migrantes en tránsito.
Kuhner mencionó que, desde una perspectiva de derechos humanos, se debe terminar la política de contención en México, porque limita el libre tránsito de las personas y por ello es mejor ayudar a la gente que necesita apoyo.
Este diario también quiso saber datos sobre las empresas proveedoras que transportan a migrantes de regreso a sus países de origen, sin embargo, el INM reservó por cinco años los datos, es decir, hasta el 2028 se conocerá la información sobre las contrataciones.
No vale la pena gastar tanto en ese tema, más bien invertirlo en programas de reintegración. Hablé con ACNUR y me dicen que más o menos han pagado 170 millones de pesos anualmente; por ello, en vez de estar gastando, pudiéramos tener gananciasEunice Rendón<br>Directora de Agenda Migrante
El instituto aseguró que la medida se debe a que se incrementa el riesgo de que las organizaciones delincuenciales puedan planear algún atentado en contra de las compañías.
“De llegar a perpetrarse algún incidente contra el representante legal de la empresa proveedora, podría entorpecer las actividades a la empresa prestadora del servicio”, señaló la dependencia en su respuesta.
De esta manera, aseguró que, de darse a conocer el nombre de la empresa o representante legal, se pone en riesgo la vida y seguridad, haciendo factible que cualquier persona pueda atentar en su contra para causarle perjuicio. Por ello, a partir de marzo pasado reservó toda la información.
Rescatan a 27 migrantes en Veracruz
Una vagoneta que transportaba a migrantes se descarriló la madrugada de este viernes en la carretera La Tinaja-Acayucan, Veracruz, afectando a 27 personas que viajaban en ella. Una vez que se tuvo el reporte, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) acudieron al lugar para auxiliar a las personas.
Al llegar se localizó la unidad abandonada entre la maleza, a unos metros del acotamiento vehicular, con 16 mujeres y hombres adultos originarios de Vietnam, Ecuador y Honduras, así como 11 personas más —entre ellos menores de edad— que conformaban cuatro núcleos familiares de Ecuador, Honduras y Guatemala; el chofer huyó.
De inmediato, se les brindaron los primeros auxilios a los extranjeros, quienes no pudieron acreditar su estancia regular en el país. Las familias quedaron bajo la tutela y atención de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de los mayores de edad se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.
