El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio sumó dos órdenes de detención y extradición más en la solicitud del gobierno de México a Israel, por su presunta responsabilidad en actos de tortura a testigos del caso Ayotzinapa.
Lo anterior se desprende del quinto informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el apartado del caso Ayotzinapa, donde se destacaron las acciones realizadas por la actual administración para echar abajo la llamada “verdad histórica” del sexenio peñista.
En materia de búsqueda y en acompañamiento a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, la comisión especial de la verdad dio seguimiento a 123 acciones de búsqueda en campo, que se traducen en 936 jornadas de trabajo en ocho municipios del estado de Guerrero.
Los municipios son: Tepecoacuilco de Trujano, Cocula, Iguala, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón y Cuetzala del Progreso.
El informe subrayó que como resultado, entre marzo y abril de 2023, se realizó el hallazgo de dos cuerpos y otros restos óseos que fueron enviados para análisis al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Recordó que hay 28 personas detenidas a la fecha, presuntamente implicadas en la desaparición forzada de los jóvenes. De éstas, sobresalen las detenciones del ex procurador general de la República; el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, y quien era el comandante de la policía de Iguala al momento de los hechos.
De igual manera están presos otros funcionarios y exfuncionarios de las entonces Policía Federal y Procuraduría General de la República, así como de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
En suma, se encuentran detenidos y bajo investigación 14 militares pertenecientes al 27 y 41 batallón de infantería, incluidos dos generales.
El informe presidencial añadió que como resultado del proceso de solicitud de información y consulta in situ de archivos, se obtuvo acceso a documentos de 15 instituciones de los gobiernos estatal y federal, lo que conforma un acervo de 41,168 documentos consultados.
Adicionalmente, se dio continuidad a la recepción de información y entrevistas de personajes clave, presuntos integrantes del crimen organizado, exfuncionarios y personas allegadas a los hechos, con la finalidad de obtener información que abone a las líneas de investigación y permita conocer el paradero o destino de los 43 estudiantes desaparecidos.
Leo
