Sobre la mesa de la sala de juntas de su despacho hay varias pilas de expedientes de varios litigios que conducen a un común denominador: Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“No es una cosa personal mía contra Santiago Nieto, lo único que quiero es justicia”, dice el abogado Javier Coello, en entrevista con La Razón.
Porque, agrega, “hay muchas cosas que no ha contestado: hay un reclamo para que acredite de dónde sacó los 20 millones de pesos que le detectaron, cómo adquirió la casa que compró y las propiedades, cómo logró que sus familiares obtuvieran contratos en diversos estados, y que aclare por qué le mintió al Congreso y por qué engañó a la FGR. Eso es todo”.
Sus exigencias se derivan de tres líneas de litigios abiertas: la de defensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y dos más de denuncias contra el exfuncionario federal y hoy encargado del despacho de la Fiscalía de Hidalgo: una en la que acusan el uso de la UIF para persecuciones políticas y otra que pone bajo la lupa la adquisición de bienes y su patrimonio.
¿Cuáles son los siguientes pasos que dará en los casos? Se van a desahogar más pruebas. No hemos tenido ningún obstáculo por parte de la Fiscalía. Al contrario, han aceptado todas nuestras pruebas. Obviamente se están desahogando. Vamos a presentar más. Vamos a solicitar más datos de investigación y hasta que tope esto.
Caso Cabeza de Vaca
En el caso del exgobernador de Tamaulipas, Coello pone la mira sobre algunos hechos que, acusa, dan cuenta de una confabulación para quitar a García Cabeza de Vaca como gobernador.
El abogado explica que todo inició con una denuncia del senador —entonces suplente— Alejandro Rojas Díaz Durán, que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se encargó de mediatizar.
Sin embargo, muestra un video en el que se ve al legislador afirmar que su denuncia la presentó a partir de testimonios de dominio público que obtuvo de “medios de comunicación, portales de Internet, redes sociales y medios especializados”.
“Entonces son hechos que a usted no le constan personalmente”, le pregunta su interlocutor. Y Rojas Díaz-Durán responde: “No, porque son de la opinión pública”.
El defensor apunta que tras aquellas acusaciones “inmediatamente después se sube Santiago Nieto” con dos más.
Éstas se referían a la compra de un condominio realizada entre 2016 y 2017 en la CDMX con recursos de una Sofom que supuestamente estaba manejando dinero del Cártel de Sinaloa, apunta Coello.
Sin embargo, aclara que el dueño de esa institución financiera (Impulso y Desarrollo GBO S.A. de C.V.) es un actual diputado federal, Javier López Casarín, próximo a Marcelo Ebrard.
El abogado detalla que por los altos intereses que tenía que pagar, García Cabeza de Vaca buscó y obtuvo un crédito de Banregio y pagó el préstamo de la Sofom.
Sobre otra parte de la acusación, la que se refiere a la compra del inmueble por parte del empresario Juan Francisco Tamez, a quien la UIF asocia con Baltazar Higinio Reséndez, un contratista del gobierno de Tamaulipas, Coello rechaza que este último, como se señaló, no haya entregado las obras licitadas y contratadas, entre ellas un Centro de Justicia.
Y exhibe un dictamen de la FGR en el que lee: “El Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa, Tamaulipas, ubicado en el bulevar Pemex Oriente, sin número, colonia Puerta del Sol, es un inmueble totalmente terminado, tanto en sus zonas exteriores, edificio principal y atención a víctimas y el de acogida temporal de víctimas, y se encuentra en funcionamiento excepto en el área de acogida temporal de víctimas…”
En el caso, el también exprocurador sostiene que Santiago Nieto mintió al Congreso pues en una parte de su comparecencia —de la que cuenta también con un video— se le escucha decir: “El Centro de Justicia es actualmente un terreno de naturaleza baldía”.
Otro elemento de la denuncia contra Cabeza de Vaca fue que no había pagado impuestos por la venta del inmueble, por lo que se inició una querella fiscal, cuyo contenido también refuta.
Coello recuerda que si bien la Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió desaforar a su cliente, sólo lo hizo por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, la FGR pidió a un juez de control órdenes de aprehensión por ese tema, pero también por lavado y delincuencia organizada.
Paralelamente se dio el conflicto con el Congreso local de Tamaulipas que rechaza el desafuero de la Cámara de Diputados, asunto que termina en la Corte, que le da la razón al primero.
Hay muchas cosas que (Santiago Nieto) no ha contestado: hay un reclamo para que acredite de dónde sacó los 20 mdp que le detectaron (…) cómo logró que sus familiares obtuvieran contratos en diversos estados, y que aclare por qué le mintió al Congreso y por qué engañó a la FGR
¿Cuál es el origen de la intervención más frontal de Santiago Nieto? Santiago Nieto le pide a Cabeza de Vaca que le dé contratos a su primo y como no le da contratos o le da contratos nimios, se enoja y amenaza.
Coello Trejo afirma también que “el problema de Santiago es que él recibe instrucciones” y así se lo hizo saber a otro abogado en un mensaje de WhatsApp. En éste, el extitular de la UIF escribió: “No sé por qué pienso que se va a aparecer un actuario con una demanda de Cabeza de Vaca contra mí. ¿Por qué me odian tanto? Yo hice lo que me pidió el gobierno que hiciera”.
Tras mostrar el mensaje, Javier Coello señala: “El WhatsApp está presentado en la carpeta de investigación. ¿Cuál fue la instrucción a la que se refiere? No sé. Él lo tiene que aclarar”.
Con todos estos elementos, indicó, fue que presentó una denuncia en marzo, misma que amplió en abril.
Nuevos casos
El pasado 5 de septiembre, los despachos Coello Trejo y asociados y Ruiz Durán, al frente de afectados por la forma de proceder de Nieto Castillo, acusaron delitos como ejercicio indebido de funciones contra la administración de la justicia, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones, divulgación de información confidencial, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Entre las pruebas que recaban están las que se relacionan con la forma en que obtenía oficios que le permitían proceder al congelamiento de cuentas. Una de ellas se relaciona con “oficios que firma el mismo personaje como representante de la DEA, del gobierno de EU y como representante del FBI”.
En México no se pueden congelar cuentas si no es a través de un mandamiento judicial, aunque la ley también prevé que cuando un organismo internacional lo solicite pueden proceder, aclara Coello.
“¿Y qué hace Santiago Nieto? Le pide el favor a este señor. Y éste le da los oficios. Pero estos oficios no dicen ‘congela cuentas’, piden que, de ser posible, se le auxilie en la investigación. Y Santiago Nieto, con base en eso, congela cuentas”.
“Hay varios afectados que nos han llamado. Se solicitaron congelamientos de cuentas con el mismo sistema, violando la ley”, dice. Incluso, se dio un caso con un funcionario estadounidense que sólo por tener el mismo apellido del exgobernador panista también resultó afectado.
Sobre las denuncias relacionadas con el patrimonio de Nieto, aclaró que están presentadas en la Unidad Anticorrupción que depende de María de la Luz Mijangos Borja.
“Pero fíjese qué extraño”, hace notar, porque esa última “nos la acumularon con otra derivada de una denuncia anónima presentada en diciembre de 2021. La primera es por indebido ejercicio de la función pública y contra la administración de justicia y la segunda es por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El abogado anticipa que continuarán con el caso “y no por el hecho de lastimar a nadie, sino simple y sencillamente porque los mexicanos estamos fastidiados de la impunidad en nuestro país”.
- Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas.
- Trayectoria: Ministerio Público federal, fiscal especial para el combate a la corrupción, secretario de Gobierno en Chiapas, titular de la Subprocuraduría de lucha contra el narcotráfico de la PGR de 1988 a 1994, extitular de Profeco. Fundador del despacho jurídico Coello Trejo y Asociados.
