Elena “N”, quien laboraba en la empresa costurera Línea Moda Joven S.A de C.V. manifestó que, aunque “agradezco a Dios seguir aquí, pienso que la justicia no existe, o no en este país. Nosotras, como trabajadoras, no recibimos nunca una explicación de nada; sólo vimos caer todo. Quien nos tendió la mano fue gente de fuera, nadie del gobierno ni de la empresa. Yo no tengo hijos, pero vi a varias compañeras irse (morir) y sus hijos se quedaron solos”.
Elena comentó a La Razón que el 19 de septiembre del 2017 viajó desde Ecatepec, como de costumbre, a su lugar de trabajo; salió del metro y pensó: “Ah, hoy habrá ese cochino simulacro”.
Refirió que le daba miedo escuchar la alerta sísmica y que siempre pensó que “no me gustaría que me agarre el temblor ahí en el trabajo; si no nos dejan ni ir al baño, menos nos van a dejar salir”, y justo como pensó, ocurrió, pues debido a que en la empresa que laboraba no contaban con salidas ni protocolos de emergencia, muchas de sus compañeras quedaron sepultadas, después de que la construcción se desplomó.
Relató que ese día, cuando el predio de cuatro pisos se derrumbó, ella no quería ir a trabajar, pues presentía que algo no estaba bien; además, refirió que sufrían malos tratos dentro de la empresa y “las condiciones laborales no fueron nunca las mejores”.
En 1985, las condiciones de trabajo eran muy deplorables y los edificios en los que laboraban no eran la excepción; sin embargo, en 2017 nada había cambiadoMartha Sandoval, Maestra de la UNAM
El derrumbe de la empresa donde laboraba la mujer —en Chimalpopoca y Bolívar, Ciudad de México— provocó la muerte de 21 personas que trabajaban como costureras y personal operativo en dicho espacio, el cual tenía permiso para funcionar como oficina, pero en realidad albergaba las empresas textiles Línea Moda Joven; ABC Toys Company; Dashcam System Regalomex; Comercializadora Mextoy; Florina, y Seo Young Internacional.
La orden de los dueños de las empresas, según el relato de la trabajadora, que hoy tiene 35 años, fue rescatar primero maquinarias y herramientas antes que a las mujeres atrapadas. De inmediato, personal cercano a esas empresas se desplazó al lugar del derrumbe, donde cuatro días después la zona se declaró sin rastros de sobrevivientes y no había nadie por salvar con vida, dando paso a las maquinarias para recoger “los escombros”.
Sin garantías, miles de mujeres trabajaban hasta 12 horas en dichos talleres textiles, muchos de ellos clandestinos, con media hora de comida y con permisos para ir al baño bajo reloj, siempre y cuando un supervisor lo concediera.
Aquel septiembre del 2017, muchas de las trabajadoras quedaron sepultadas entre los escombros y más de 40 mil personas perdieron su empleo, refirió Vianey Martin del Campo, abogada feminista, quien ha asesorado a familiares de víctimas.
Desde el sismo de 1985 se visibilizaron las condiciones en que miles de costureras trabajan y, para la socióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Norma Beatriz Orantes, esta condición sigue vigente en 2023.
“Ellas no han mejorado como deberían; el ejemplo nos lo deja el 19 de septiembre de 2017. ¿De qué sirve estar con el puño en alto?, ¿de qué sirve año con año exigir justicia para las miles de mujeres que fueron víctimas de un sistema que las olvidó? Ellas, las costureras, están sepultadas bajo escombros, pero las que están vivas están sepultadas en un olvido sistémico”, dijo.
“En 1985, las condiciones de trabajo eran muy deplorables y los edificios en los que laboraban no eran la excepción; sin embargo, en 2017 nada había cambiado”, expresó Martha Sandoval, maestra por la UNAM, en concordancia con Beatriz Orantes.