Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que el informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se separa de la “narrativa de hechos” presentada por el gabinete de seguridad federal, que sólo criminaliza a los estudiantes.
Además, informaron del levantamiento de su plantón, pero con la condición de que el Ejército entregue la información que solicitaron sobre la transcripción de un audio, donde presuntamente se llevaron a 17 normalistas a Lomas de Coyote.
En conferencia en inmediaciones del Campo 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el abogado de los padres, Vidulfo Rosales solicitó al Gobierno federal comenzar una investigación penal en contra de Enrique Peña Nieto por su responsabilidad en la creación de la verdad histórica.
“Pedimos que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto, porque él fue el que avaló la verdad histórica. Queremos que las autoridades hagan su trabajo”, agregó.
Señaló que Jesús Murillo Karam no pudo haber actuado por su propia cuenta, por ello, tuvo que haber una orden de “más arriba”, en la famosa “Junta de Autoridades” que creó la narrativa pasada.
Detalló que por primera vez se señala la responsabilidad del expresidente y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica.
“Destacamos que ayer se informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador giró una nueva instrucción para que el Ejército busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta de Sedena no será la última palabra”, agregó.
Por el contrario, el abogado dijo que en el informe del gabinete de seguridad minimiza el papel del Ejército, y omiten señalar su responsabilidad. Además, que presenta hechos sin sustento e incorpora declaraciones de testigos desestimadas por tortura, entre otras.
De esta manera rechazaron el informe que se presentó y pidieron bajar toda la información de él de las páginas oficiales del Gobierno federal.
Destacó que el informe de Alejandro Encinas abre una nueva ruta que permite continuar con el diálogo con las autoridades, respecto a las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes.
Emiliano Navarrete, vocero, dijo que no darán ni un paso atrás, pues no se debe permitir un gobierno que no respete los derechos humanos, pues las víctimas no pueden aceptar que no exista verdad y justicia.
“Todo este tiempo solo administraron la verdad. En el informe de Encinas por primera vez señala la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, por ello pediremos a las autoridades ahora hacer su trabajo, porque no vamos a dar un paso atrás”, explicó.
Aseguró que el Ejército Mexicano tiene aún información, por ello, pidió que el informe de Alejandro Encinas tenga eco y se obligue a las Fuerzas Armadas a dar lo que falta.
“Nada es injusto, nosotros aquí estamos. Fue el Estado el que nos arrebató a nuestros hijos hace nueve años y nos hizo mucho daño. Venimos a pedir la verdad, pero no somos unos borregos que a todo le vamos a decir que si”, añadió.
Mencionó que en caso de no tener respuesta regresarán a la Ciudad de México a realizar un nuevo plantón.
Joaquina Garcia, madre de un normalista dijo que no van a descansar en su lucha, pues deben darle una respuesta a sus peticiones. “Vamos as seguir con el apoyo de todas a las personas hasta conocer la verdad, pues sufrimos frío y hambre y no resolvieron. Fue una promesa de campaña y no la resolvieron, solo queremos saber qué pasó con nuestros hijos”, aseveró.
Mario César González, otro de los padres mencionó que la narrativa de hechos que presentó el gabinete de seguridad es de criminalización, debido a que no nombran al Ejercito y donde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dijo qué hay irregularidades.
“Hay bastantes informes donde se desmiente la verdad histórica; hay personas liberadas y que son responsables. Exigimos que bajen la información del Gobierno federal en sus redes para que no estén generando dudas”, añadió.
Dijo que también se debe dejar de criminalizar a los padres.
