El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la negativa a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la Fiscalía, el fallo se dio aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, “está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”.
Por esa razón, la dependencia anunció que procederá legalmente en contra del juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra la administración de justicia, de acuerdo con la FGR.
La dependencia aseguró que existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes, por diferentes delitos, en contra de Genaro García Luna.
Finalmente, señaló que el Tribunal integrado por los Magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar violentaron el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos que señala que se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”.
De esta manera, existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó en marzo que, mientras García Luna estuvo en la administración pública —durante el sexenio de Felipe Calderón—, creó un conglomerado familiar en los que se extrajeron recursos millonarios.
Segob señala complicidades de fiscal de Morelos
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y del Congreso estatal, para evitar ser destituido y procesado por diversos delitos en contra como tortura y feminicidio agravado, denunció la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
“Con fecha 4 de septiembre de 2023, estando el fiscal de Morelos en la cárcel, el Congreso local aprobó en fast track una reforma para impedir que fuera sustituido de manera permanente; cuatro del PAN, cuatro de Morena, dos de MC, uno de Nueva Alianza, uno del PT, uno del PRI.
“El fiscal cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y del Congreso de Morelos”, aseguró Alcalde Luján durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.
Agregó que Carmona Gándara no presentó los exámenes de control de confianza como lo establece la ley para asumir el cargo de fiscal de Morelos, y los realizó casi tres años después en septiembre de 2021, fecha en donde los reprobó.
“Ejercer dicho cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito”, enfatizó.
Adelantó que la próxima semana la Cámara de Diputados deberá resolver el juicio de procedencia en contra de Carmona para retirar el fuero con el que ha librado cuatro procesos penales del ámbito federal y común.
Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros del gabinete de seguridad, comentó que Uriel Carmona, quien fue nombrado en febrero de 2018 como fiscal para un periodo de nueve años, se ha visto envuelto en varios temas controvertidos.
Añadió que fue señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo, como los casos del asesinato del activista Samir “N”, en febrero del 2019; el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta, en mayo del 2020; y el feminicidio de Ariadna “N”, en octubre del 2022. Asimismo, en abril del 2023 un caso más derivó en un probable hecho de tortura relacionado con el homicidio de dos personas.