La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la petición de un tribunal federal para dar revisión del amparo de Tomás Zerón, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), interpuso un recurso, contra la orden de aprehensión girada en su contra por actos de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo".
Este jueves la presidencia de la Corte notificó que atraerá el caso para resolver el cuestionamiento de Zerón sobre “la inconstitucionalidad del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé escenarios en que los jueces ordenarán la aprehensión de sospechosos, en vez de citarlos a comparecer.”
El proyecto que toma la corte será presentado a la Primera Sala para que sea analizado por el Ministro Arturo Zaldívar, quien retomará el caso que fue enviado a la Corte el pasado 23 de agosto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Para interponer dicho recurso el argumento del ex titular de la agencia de investigación es “que el artículo 141 transgrede el derecho a la seguridad jurídica contenido en el Artículo 16 Constitucional, porque no establece la obligación de que, antes de librarse una aprehensión, deben agotarse otros medios para conducirlo a proceso, como el citatorio o la comparecencia.”
El pasado martes una jueza federal otorgó una suspensión definitiva para que autoridades del Gobierno federal no puedan realizar comentarios condenatorios contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por el caso Ayotzinapa.
A través del amparo 1497/2023, María Isabel Bernal Hernández, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, concedió el freno judicial para que el exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR) no sea señalado como “torturador” o creador de la verdad histórica del caso.
Gobierno recupera activos de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró recuperar cuatro inmuebles de la empresa Delta Integrator, perteneciente al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, que fueron reclamados por el Gobierno de México.
La jueza Lisa Walsh en Florida, Estados Unidos, ordenó el traslado de los bienes inmuebles en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados de García Luna.
Tres de los inmuebles tienen un valor de un millón 968 mil 250 dólares, mientras que un cuarto en Florida, con un valor de 555 mil 800 dólares, aún no ha sido liquidado.
En total se deben entregar dos millones 524 mil 050 dólares entre los bienes, mismos que fueron adquiridos por el exfuncionario y su esposa a través de un entramado de corrupción, según la UIF.
La dependencia aseguró que son los primeros bienes recuperados “por la banda que operó por 10 años Genaro García Luna”, en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Lo asegurado será entregado para beneficio del pueblo de México, reportó la UIF.