La extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que suman 15 mil 200 millones de pesos que deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), fue avalada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde el bloque de la Cuarta Transformación (4T) argumentó que así se eliminarían “privilegios”, mientras que la oposición advirtió una transgresión a los derechos laborales de 55 mil trabajadores.
El dictamen fue avalado con 30 votos de Morena, PT y el PVEM, contra los 21 que sumó la oposición. Con esto, el proyecto ahora tiene posibilidad de ser subido al Pleno para su discusión en la sesión de mañana, donde la 4T tiene los votos para aprobarlo y así se remita al Senado para su ratificación.
El análisis de la iniciativa promovida por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, se dio a pesar de que la oposición argumentó que la Comisión no tenía competencias para dictaminarla, pues a pesar de que aborda temas financieros, los fideicomisos no forman parte de ello y no involucra reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
Tanto el PRI como el PAN solicitaron que se declinara la dictaminación. El priista José Francisco Yunes advirtió inconsistencias en la inclusión de un último párrafo en el artículo cuarto transitorio, en el que se indica que los remanentes de los fideicomisos extintos deberán ser remitidos a la Tesorería de la Federación.
Explicó que la primera inconsistencia era que por este apartado era necesario que la iniciativa se acompañara de una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo artículo 12, recalcó, además indica que los remanentes de fideicomisos extintos de este poder se deberán remitir a las tesorerías correspondientes, no necesariamente a la Tesofe.
Con 27 votos, Morena y aliados consiguieron que la iniciativa sí fuera abordada.
Ya entrados en la discusión, la panista Margarita Zavala reclamó que para esta iniciativa no se haya escuchado a magistrados, jueces ni a ningún empleado que podrá ver violentados sus derechos, por lo que advirtió que impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No importa que sea el Poder Judicial o los poderes judiciales donde haya menos expectativa de vida por la tensión en la que están… Claro que lo vamos a litigar, se va a ir a la Corte y es otra vez desgastar a la Corte para que declare esto inconstitucional, violatorio de derechos humano de los trabajadores, pero que no sean ustedes, sino la propia Corte que, como ya dijeron, no es parte de la 4T”, reclamó.
Y es que antes, el petista Reginaldo Sandoval defendió la iniciativa al opinar que están en la “ruta correcta” y pidió a la oposición no temer de modificar al máximo tribunal, el cual, destacó, no le ha querido “entrar a la 4T”.
En el mismo tono, la morenista Vanessa del Castillo recordó que un 10 de octubre del 2009 “hubo un gran golpe” a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, así como a más de ocho mil de Mexicana de Aviación, pero aseguró que presentar esta reforma no era tema de “venganza”.
El emecista Omar Castañeda dijo a la 4T que, si realmente se quería analizar la discusión, se tendría que hablar de Segalmex y el desvío de 15 mil millones de pesos que se le ha identificado.
Previo a la discusión, asociaciones de jueces y magistrados se posicionaron en contra del proyecto, pues dijeron que, además de afectar el financiamiento de acciones necesarias para la implementación de justicia, se ejecutaría “un grave ataque” a la independencia de este poder y se atentaría contra los derechos de empleados de la Judicatura”.
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Leo
