Expertos juristas aseguraron que la extinción de fideicomisos en el Poder Judicial sí afectará su operatividad y a sus trabajadores, pero señalaron que hay varios mecanismos jurídicos para echar abajo la pretensión de Morena, a la que ven como una venganza, más que como un ahorro.
En entrevista con La Razón, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, mencionó que el recorte “afecta sin ninguna duda” la operatividad del Poder Judicial, ya que se busca debilitarlo con una premisa de combate a los privilegios, cuando “se busca el dinero para otros fines”.
“Hay una afectación a los derechos de los trabajadores y no es un tema de ataque a los privilegios, como se ha querido hacer saber desde Palacio Nacional. Afectaría a las personas que tienen menos recursos para acceder a una defensoría pública por un futuro recorte, a los mismos trabajadores y a jueces”, sostuvo el especialista.
Advirtió que la reforma tiene un sustento de venganza, más que diagnóstico, pues no se busca fortalecer al Poder Judicial, sino afectarlo gravemente por una política de austeridad “mal enfocada y diagnosticada”. Aseveró que los recursos legales que se pueden implementar “para echarla atrás” son acciones de inconstitucionalidad, además de que los trabajadores que se vean afectados pueden presentar demandas de amparo indirecto.
“De que el Poder Judicial puede declarar la invalidez de la reforma, no tengo duda, porque afectará la independencia del organismo y sus instancias”, explicó.
Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho, coincidió en que la medida política tomada por el Ejecutivo para disminuir el presupuesto asignado al Poder Judicial es otro de los errores de la Cuarta Transformación, debido a que impacta negativa y directamente en la operación de la justicia mexicana.
“Esto va a traer un estancamiento en la impartición de justicia. Ojalá alguien haga ver que este tipo de ahorros sólo significa entorpecimiento a las instituciones de justicia. Viene mucha falta de operación en caso de que se lleve a cabo”, apuntó.
Woolrich sostuvo que cualquier acto de autoridad arbitrario, indolente o con abuso de ejercicio de poder puede impugnarse legalmente, debido a que va en contra de las leyes.
