El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a los magistrados y jueces que beneficiaron a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio; al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y al exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna.
En la sección Cero Impunidad presentada cada quincena en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario puso en evidencia a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito por beneficiar a Aburto para cambiar su sentencia de 45 años.
“El 5 de octubre por mayoría de votos -dos a favor, uno en contra- el Tribunal otorgó un amparo a Mario “N”, quien es el homicida confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión”, dijo.
El ex titular de la Guardia Nacional mostró a Rubén Arturo Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro Velázquez quienes votaron por sustituir la sentencia dictada a Aburto en diciembre de 1994 por la que marca el Código Penal de Baja California, vigente cuando sucedió el magnicidio. El magistrado José Pablo Pérez Villalba se pronunció en contra.
La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, revisar las alternativas jurídicas para evitar que se modifique la sentencia a Mario Aburto, por considerar que se trató de un “crimen de Estado”.
Rodríguez Bucio en otro caso, evidenció al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Alarcón, quien anuló la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Genaro García, y a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de Primer Circuito por ratificar la decisión.
Recordó que el mismo tribunal colegiado “desechó las pruebas bancarias que presentó la Fiscalía General de la República en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, con las que se comprobaría que habría recibido sobornos por más de 10 millones de dólares de una constructora brasileña”.
Asimismo puso en entredicho la actuación de Isabel Bernal Hernández, jueza séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien otorgó un amparo al exdirector de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, para evitar que funcionarios de Gobernación se abstengan de condenarlo ante la opinión pública.
La suspensión concedida prohíbe en especial al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, referirse a Zerón, acusado de presuntos actos de tortura en el caso Ayotzinapa, luego de que lo calificó como “torturador”.
