El cambio en el esquema público de adquisición de medicamentos promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocó mayores costos para las instituciones de salud, debido a la fragmentación en los contratos, compras de urgencia y aumento de precios de las medicinas, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Durante el análisis de 156 mil procesos de compras de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal entre 2018 y 2022 publicados en Compranet, la institución destacó que esta estrategia logró reducir de 76 a 30 por ciento, en dicho periodo, el monto concentrado por las 10 empresas que más medicinas vendieron al gobierno.
Explicó que, en 2022, 20 por ciento del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, mientras que en 2018 la proporción fue únicamente de 5 por ciento.
Además, disminuyó el nivel de competencia en los procedimientos de compra de salud, ya que los concursos públicos —que son la regla de contratación por ley— pasaron de representar 47 por ciento del monto de adquisición en medicamentos en 2018 a solo 10 por ciento el año pasado.
El IMCO añadió que las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra.
Lo anterior se relaciona con un aumento en el costo de atención por paciente en enfermedades de alta prevalencia, y ejemplificó el gasto promedio de una persona con hipertensión arterial en el IMSS que incrementó 25 por ciento en términos reales entre 2019 y 2022.
Detectó otras situaciones en las fases de las compras públicas como la falta de planeación de adquisiciones y coordinación entre almacenes centrales, regionales e institucionales, y el registro de entradas y salidas de piezas de los organismos públicos de salud; uso subóptimo de los sistemas utilizados para la distribución interna de medicamentos.
La institución informó que al revisar 34 contratos del IMSS de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que siete de estos con un valor de 57 millones de pesos, no habían sido registrados en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), esquema que permite identificar la disponibilidad de medicamentos en cada uno de los almacenes.
Por lo anterior, planteó fortalecer la política de compras consolidadas de medicamentos a través de la integración de la demanda en un sistema similar al SAI del IMSS que permita gestionar de forma más eficiente la distribución.
Asimismo, optimizar el manejo, almacenamiento y distribución de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, a través de garantizar el reporte en tiempo y forma de los procesos y disponibilidad de los insumos.
También, asegurar el funcionamiento del nuevo IMSS-Bienestar como órgano consolidador de las compras públicas de medicamentos, asignándole recursos humanos sólidos y herramientas tecnológicas a la altura de la tarea que se le encomienda.
AM
