Con el PAN como la única bancada en contra, el pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer diversas reformas a la Ley General de Salud para regular la objeción de conciencia en el personal médico que se niega a realizar determinadas prácticas, como abortos, a causa de su ideología y convicciones religiosas, morales o de ética.
El proyecto que recibió 304 votos a favor establece que, en consecuencia, las autoridades de salud deberán garantizar en todo momento la disponibilidad de personal médico que no se niegue a dichos procedimientos médicos, a fin de asegurar la atención de manera puntual.
Sobre el personal objetor, se indica que, para ejercer tal derecho, el personal médico objetor deberá informar con anticipación a la dependencia a cargo; además, apunta que nadie puede ser obligado a declararse en contra de llevar a cabo algún procedimiento.
Se indica que la objeción de conciencia no aplicará cuando la vida de algún paciente se encuentre en riesgo, haya una urgencia, o cuando no se tenga suficiente personal médico no objetor y pueda derivar en consecuencias para la persona que recibe la atención.
El diputado panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que con esta reforma se reprende y deja la responsabilidad total de la atención de un paciente a los médicos, cuando es tarea de la autoridad sanitaria contar con el personal y demás recursos que permitan a los médicos ejercer el derecho de objeción de conciencia en cualquier momento.
“El dictamen busca criminalizar al personal médico o de enfermería por el retraso en los servicios, cuando es responsabilidad de la autoridad sanitaria… en el PAN creemos que esa objeción no debe usarse como excusa para evadir responsabilidades o negar los servicios de salud; no criminalicemos a médicos, enfermeras y respetemos los derechos a la salud y a la objeción de conciencia”, aseguró el legislador.
