Por realizar pagos a investigadores fallecidos, que no se encontraban en el padrón de beneficiarios o de quienes carecían de evidencia de su situación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) cometió un presunto daño al erario por 21 millones 672 mil pesos.
Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, en donde advirtió sobre varias “áreas de oportunidad”, tras revelar inconsistencias en la implementación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Originalmente, las observaciones por posible daño a la hacienda pública fueron por una cifra ligeramente mayor: 21 millones 920 mil pesos; sin embargo, la instancia científica logró subsanar 246 mil pesos.
En el dictamen, señaló la falta de un padrón de beneficiarios actualizado, pues el último del que se tiene registro se publicó en el 2022 y se conformó por 36 mil 624 investigadores, incluidos 172 “no vivos”.
Las irregularidades provienen de los pagos de estímulos económicos a los investigadores, sus ayudantes o beneficiarios de los mismos científicos fallecidos, por un monto de 18 millones 837 mil pesos.
De éstos, se apunta que 15 millones 331 mil pesos fueron pagos improcedentes y tres millones 506 mil como pagos en demasía, derivado de la entrega de indemnizaciones, sin que se hubiera contado con la acreditación de una dependencia económica por parte de los beneficiarios de investigadores muertos.
Asimismo, se explica que hubo pagos por dos millones 835 mil 177 pesos a siete investigadores eméritos, sin que se contara con la evidencia o la aplicación de un mecanismo que sirviera como “prueba de vida” para sustentar sus retribuciones.
“No se evidenció la notificación anual de su situación al Conahcyt, que sirviera como prueba de vida para acreditar la procedencia de los pagos realizados en 2022, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del Reglamento del SNI”, apuntó la Auditoría.
Como causa de estas irregularidades, se apuntó la falta de controles y supervisión en la determinación y pago de estímulos, así como de un adecuado seguimiento de la situación de los investigadores.
La ASF realizó otras dos auditorías de desempeño al Consejo Nacional de Ciencia. Una fue al programa presupuestario P001 “Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, con el que se busca atender lo relacionado con el diseño, ejecución y evaluación de políticas en ciencia.
El dictamen apunta que el consejo no publicó el Plan Nacional para la Innovación, como lo instruye el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio, ni contó con comités intersectoriales y de vinculación para atender la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas.
Además, señala que no se ha publicado el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2022, para dar cuenta de la situación actual del país en dicha materia.
La otra auditoría fue a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), cuyo objetivo es investigar, desarrollar estudios y formar recursos humanos para fortalecer al sector industrial mexicano por medio de transferencias de conocimiento útil al gobierno, instituciones y empresas.
Uno de los señalamientos es que no alcanzó su autosuficiencia financiera, pues en el 2022 registró ingresos totales por 304 millones 634 mil pesos, pero al cubrir sus gastos presentó una pérdida neta de más de 61 millones, situación ante la cual el grupo auditor advirtió que Comimsa “corre el riesgo de ser insolvente en el corto plazo”.
- Falta de un padrón de beneficiarios actualizado. El último, de 2022, registra 36,624 investigadores, incluidos 172 “no vivos”.
- Se pagaron 18.8 mdp en estímulos a investigadores, sus ayudantes o beneficiarios de los fallecidos.
- Un total de 15.3 mdp fueron pagos improcedentes y 3.5 mdp fueron pagos en demasía, derivado de la entrega de indemnizaciones.
- No contó con la acreditación de una dependencia económica por parte de los beneficiarios de investigadores muertos.
- Pagó 2.8 mdp a 7 investigadores eméritos, sin tener evidencia o un mecanismo de “prueba de vida”.
ASF encuentra hoyo de 628.3 mdp en Coahuila
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 628 millones 303 mil pesos en el ejercicio de recursos federales entregados al Gobierno de Coahuila durante el 2022, lo que representa el 95.8 por ciento del total revisado, que fue de 655 millones 759 mil 200 pesos.
En el Segundo Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 entregado el martes a la Cámara de Diputados, se establece que los montos en donde se detectaron irregularidades están relacionados con áreas educativas e instituciones que son operadas por el Gobierno del estado.
Dentro del rubro Recurso del Gasto Federalizado Transferido a las Universidades Públicas Estatales, Coahuila recibió en el 2022 —penúltimo de la gestión de Miguel Ángel Riquelme— 613 millones 981 mil 200 pesos, de los cuales se desconoce el destino del 99.8 por ciento, es decir, de 613 millones 256 mil pesos.
Además, como parte del Fondo de Aportaciones para el Gobierno del Estado de Coahuila —en el apartado Fondo de Aportaciones Múltiples— la administración actual recibió seis millones 401 mil pesos, de los cuales no se sabe en qué se gastaron tres millones 836 mil 200 pesos, más de la mitad.
Asimismo, dentro del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Gobierno de Coahuila debe aclarar en qué se ejercieron seis millones 214 mil pesos, correspondientes al total de los recursos recibidos.
Tampoco se sabe en qué se gastaron tres millones 67 mil 500 pesos de los recursos destinados al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila, lo que representa el 69.8 por ciento del total asignado, que fue de cuatro millones 389 mil 400 pesos.
De la misma manera, el Instituto Tecnológico Superior de Monclova debe aclarar el uso de 932 mil 200 pesos, que equivalen al 78.2 por ciento del presupuesto que le fue entregado.
Asimismo, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila no reportó en qué gastó el 100 por ciento del monto que recibió, que fue de 997 mil 100 pesos.
Por lo pronto, la ASF determinó que, independientemente de que se aclaren o no las irregularidades antes señaladas, de manera preliminar se acreditó un daño a la hacienda pública de la Federación por seis millones 214 mil pesos.
El informe señala que el Gobierno de Coahuila incumplió sus obligaciones de transparencia, ya que publicó extemporáneamente los reportes de los cuatro trimestres del 2022 de los componentes “Ejercicio del gasto” e “Indicadores”.
Además, añade, reportó con inconsistencias el monto pagado en el componente “Ejercicio del gasto” del cuarto trimestre del año pasado.
