Magdalena Nuñez, diputada del PT, e integrantes de la Cooperativa La Cruz Azul, denunciaron la ausencia de un Estado de derecho en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, lo que no ha permitido a los trabajadores recuperar materialmente la planta de cemento, lo que ha provocado la quiebra económica de la región y el incremento de sus índices delictivos.
En conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, recordaron que el pasado 15 de noviembre se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Hidalgo a que coadyuve en la recuperación del inmueble, ya que existen diversas sentencias que avalan a los cooperativistas como los legítimos propietarios de la fábrica de cemento.
Estas resoluciones han sido reconocidas por autoridades de Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Morelia, Querétaro, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y todos los estados en los que La Cruz Azul desarrolla sus actividades productivas.
Rafael Azures, represente legal de la cooperativa, expresó su agradecimiento al Congreso de la Unión por el punto de acuerdo y puntualizó que existen más de 30 órdenes de aprehensión en contra de quienes tienen secuestrada la planta desde hace tres años, mismas que no han podido ser cumplimentadas por la falta de voluntad del gobierno hidalguense.
La diputada Núñez Monreal enfatizó que la cooperativa es un ejemplo de que la economía social funciona. La legisladora también manifestó la urgencia de que la planta sea recuperada, para que los trabajadores produzcan el cemento que tanto se necesita para culminar las grandes obras de este sexenio.
