Con 419 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados avaló un paquete de reformas enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para sancionar el uso de drones con fines delictivos como el ataque a personas, instalaciones o el traslado de drogas.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal el 1 de agosto de este año, para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de establecer agravantes a delitos cometidos con drones, como atentar contra la integridad de personas e inmuebles, producir terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o para extorsionar a una autoridad o particular.
La reforma fija que los drones adaptados para transportar y detonar explosivos serán considerados como armas, municipios y materiales para uso exclusivo del Ejército.
La iniciativa fue propuesta por el presidente tras reconocer que en los años recientes, grupos del crimen organizado han hecho uso de estos artefactos para transportar explosivos contra autoridades, pero también para transportar droga y espionaje.
Como ejemplo de esto recordó lo ocurrido en abril de 2021, cuando policías estatales en Aguililla, Michoacán, fueron atacados; asimismo, cuando supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, arrojaron explosivos en Tepalcatepec, en la misma entidad, o cuando la Secretaría de la Defensa Nacional identificó drones no autorizados cerca de Palacio Nacional en febrero de 2022.
Agregó que los drones también son utilizados por criminales para vigilar los movimientos de autoridades.
Derivado de esto, la reforma que ahora pasará al Senado para su ratificación, fija que quien use drones para cometer delitos como los ya señalados, recibirá una pena de 15 a 40 años y deberá pagar una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la UMA.
No obstante, también establece sanciones para el hecho de arrojar cualquier objeto explosivo improvisado o armas, así como sustancias químicas, para lo cual la pena será de diez a 20 años de prisión, y cuando la persona o el bien afectado pertenezca a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública, la pena aumentará en un 50 por ciento.
Se impondrán de cinco a diez años de cárcel a quienes importen, manufacturen, armen, adquieran o adapten drones para transportar explosivos, drogas o materiales regulados por la Ley Federal de Armas.
Quienes usen los drones para vigilar actividades de personas servidoras públicas para conocer su ubicación y evadirlas o atacarlas, la pena irá de los tres a diez años de prisión.
Otra modificación señala que, además, los drones para transportar, activar y detonar explosivos serán consideradas como armas para uso exclusivo del Ejército.
Durante la discusión, la única bancada en participar fue Movimiento Ciudadano, que en voz del diputado Braulio Ochoa anunció que votaría en abstención, por considerar que la reforma contiene “ambigüedades” que preocupan.
JVR