La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en primera instancia la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Lomas de Bezares, fuera propiedad de la nación. Una Jueza en Materia de Extinción de Dominio determinó que es improcedente la demanda de la FGR contra el ex funcionario.
Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana, sentenció que “es improcedente la demanda de la FGR para hacerse de los derechos del inmueble”.
La juzgadora argumentó que “la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso, porque Lozoya adquirió su casa en 2012 y el delito de lavado de dinero, bajo el que la FGR entabló la demanda, no estaba previsto en la Constitución como uno de los ilícitos para reclamar un bien por esta vía legal”.
Agregó: "Debido a que el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, pues debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista".
La juez determinó que "en segundo lugar, ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acota de manera puntual que la extinción de dominio sólo procedente en los supuestos respecto de los cuales antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio ya se permitía el ejercicio de dicha acción".
Para la FGR esa adquisición fue ilegal porque el dinero para comprar la casa supuestamente provenía de un soborno que le fue pagado a Lozoya por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), para concretar la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
La decisión de la juzgadora puede ser impugnada por la FGR ante un tribunal Colegiado para que este resuelva finalmente el caso o, de considerarlo pertinente, lo envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
