El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció que el Gobierno federal busca modificar artificialmente la estadística, para decir que 46 mil personas no han desaparecido.
“No hablemos del caso de desaparecidos, donde a la fecha han desaparecido más de 46 mil personas (en el sexenio) y pues el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está enojado, queriendo modificar artificialmente esa estadística, para decir que 46 mil personas no han desaparecido.
“Y para no reconocer que esas 46 mil personas son muchas más que las personas que desaparecieron en los últimos dos sexenios juntos”, declaró Francisco Rivas, director de la organización.
Lo anterior se suma a las preocupaciones de diversos colectivos, que han denunciado que las autoridades pretenden rasurar el número de personas con estatus de desaparecidas, debido a que no se desea reconocer la gravedad del delito en el país.
Incluso, se señala que por ese motivo renunció al cargo Karla Quintana, quien fungía hasta hace unas semanas como la comisionada nacional de Búsqueda, y a quien criticó el propio Ejecutivo federal, al señalar que tenía posiciones en contra de la Cuarta Transformación.
Rivas Rodríguez comentó que, además, hay una cifra negra de personas desaparecidas, ya que no se registran todas, debido a que hay casos en diferentes estados a los que no se les abren carpetas de investigación, por ser de grupos olvidados, como los migrantes.
No hablemos del caso de desaparecidos, donde a la fecha han desaparecido más de 46 mil personas (en el sexenio) y pues el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) está enojado, queriendo modificar artificialmente esa estadísticaFrancisco Rivas<br>Director del ONC
Las Madres Buscadoras de Sonora, el Colectivo 10 de Marzo, Los Otros Desaparecidos en Iguala y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han confirmado que el número de víctimas puede ser mayor, ya que aún hay centros forenses y cementerios con personas que nunca han sido identificadas.
En este contexto, el experto aseguró que las cifras del Gobierno federal respecto a la disminución de delitos no son reales, debido a que hay una ruta de deterioro y erosión de las instituciones de seguridad y justicia, dijo, que hacen imposible recuperar el control del territorio.
Señaló además que se debe revertir el rezago presupuestal en materia de seguridad pública y justicia que hay en los últimos cinco años, pues, dijo, se requieren al menos 225 mil millones de pesos adicionales para el ejercicio del 2024.
“Afirman que vamos muy bien, que los delitos están bajando, que la paz se está recuperando en el país; de hecho, hay una afirmación que nos habla de que el homicidio en este sexenio ha disminuido 17 por ciento y la verdad es que tenemos que decir que nada de esto es real”, explicó Rivas.
Apuntó que en la actual administración federal se llegará a tener un registro de 170 mil homicidios dolosos, que podría triplicar lo observado en los gobiernos anteriores.
Al presentar el estudio ¿Transformación o retroceso?; el costo de la tragedia en seguridad y justicia, dijo que se alcanzó la cifra de 110 homicidios por cada cien mil habitantes, el registro más elevado en comparación con todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que terminó con una tasa de 103, y que, en la gestión de Felipe Calderón, cuando se dieron 90 homicidios por cada cien mil habitantes.
Además, apuntó que el actual Gobierno federal y las legislaturas de la Cámara de Diputados que aprobaron los presupuestos son directamente responsables de la inefectividad y la distribución precaria de recursos públicos para atender la crisis de seguridad y justicia.
Adicional al rezago presupuestal, subrayó, se requieren ajustes significativos en las acciones y estrategias de seguridad y justicia para aumentar la efectividad del gasto y reconstruir el tejido institucional del Estado.
“La crisis de violencia y delincuencia sigue vigente y, por ende, la necesidad de contar con recursos suficientes para atenderla. La austeridad presupuestal profundizó su gravedad, así como sus afectaciones humanas”, sostuvo.
El experto mencionó que el error de la actual administración fue partir del deseo de cancelar todo lo que existía en el pasado, además de que el gasto en seguridad y justicia ha disminuido 22.5 por ciento, en términos reales, entre el 2018 y el 2022.
Francisco Rivas mencionó que la actual administración federal carece de diagnósticos confiables, hay una tendencia centralizadora de funciones, debilitamiento del Sistema Nacional en Seguridad Pública, no hay coherencia en las políticas públicas, no hay planeación ni perspectiva de género, y sí dependencia en los programas sociales.
