Latinoamérica vive una situación de emergencia por la venta y proliferación de armas que no son reguladas en algunos países, como Estados Unidos, y tan sólo en México son introducidas de manera ilegal 200 mil artefactos cada año, advirtió la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena.
Denunció que las empresas de armas se abstienen de tomar medidas para prevenir que sus productos fabricados y distribuidos terminen en manos de grupos criminales y, más aún, tienen estrategias de comercialización apuntaladas hacia esas organizaciones.
“En los Estados americanos nos encontramos ante una situación de emergencia compartida por varios países de la región que debe de ser atendida y que debe enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos”, afirmó.
En audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la opinión consultiva solicitada por el Estado mexicano sobre las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos, Bárcena declaró que este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo.
“En mi patria, la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada: solamente existe un distribuidor y una tienda de armas situada en la Ciudad de México y administrada por el Ejército, la cual vende, en promedio, 38 armas al día a civiles.
“Sin embargo, la disponibilidad de armas adquiridas ilegalmente es mucho mayor, y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos”, declaró Bárcena.
La titular de la SRE confió en que la CIDH emita una resolución positiva para evitar un tráfico indiscriminado de armas en la región de las Américas.
