En lo que va de la actual administración se han presentado casi 900 denuncias de tipo penal a causa de delitos cometidos en el ejercicio del servicio público.
Al comparecer ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, expuso los más recientes resultados identificados por la dependencia.
Ahí señaló que al iniciar este sexenio se registraron 204 denuncias penales correspondientes a la administración pasada; sin embargo, en lo que va del gobierno actual ya suman 882 denuncias penales asociadas principalmente con enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y abuso de autoridad. Detalló que de éstas, 99 se presentaron de octubre de 2022 a septiembre de 2023.
En cuanto a las sanciones y multas, se emitieron 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron la normativa en materia de adquisiciones y obra pública; de ese número, se impusieron multas que ascendieron a mil 102 millones de pesos.
También detalló que hasta el 30 de septiembre del 2023, el universo de contratos registrados fue de seis mil 517 y por medio de ellos se ejercieron 644 mmdp, que representa el control del 84 por ciento de las adquisiciones por parte del Gobierno de la República.
Para constatar que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios se cuenta con él sistema integral de información de padrones gubernamentales en el cual se tienen registrados 152 padrones por medio de los que entre 2022 y 2023 se dispersaron 931,000 millones de pesos a más de 40 millones de mexicanos
Las revisiones estos patrones mostraron que 94% de quienes lo recibieron cumplieron con los requisitos de elegibilidad y se comprobó la inexistencia de pagos duplicados en el 99% de las pruebas realizadas
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