En lo que va del sexenio actual han sido sancionados 12 mil 748 servidores públicos, mientras que en igual periodo del sexenio pasado fueron 58 mil 952, lo que representa que en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 319 por ciento más trabajadores castigados (cuatro veces más).
Entre las causas de sanción están negligencia administrativa, incumplimiento en la declaración de situación patrimonial, violación de leyes y normatividad presupuestal, procedimientos de contratación y ejercicio indebido de funciones.
La administración actual, una de cuyas metas es el combate a la corrupción y a los malos funcionarios, registró su cifra más alta de penalizaciones en el 2019, con tres mil 677, y en lo que va del año, hasta el 29 de septiembre, suman mil 428.
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De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la que tuvo acceso La Razón, la administración de Peña Nieto reportó el mayor número de sanciones a funcionarios en los últimos cuatro sexenios, con 58 mil 952.
En 2013 fueron 10 mil 495; en 2014 el de más casos, con 16 mil 660; en 2015 hubo nueve mil 960; 2016, ocho mil 355; 2017, siete mil 894, y 2018, cinco mil 588.
Al respecto, Arturo Espinosa, profesor de la Universidad Panamericana y abogado, afirmó a La Razón que “el combate a la corrupción en este Gobierno es totalmente nulo; es un discurso del Presidente en el cual se justifica, porque fue parte de sus promesas de campaña, y es en lo que él dice que es diferente, pero en los hechos se ha abandonado y basta con ver los temas en los que anteriormente al menos se hacía una investigación”.
Opinó que hay un retroceso amplísimo en el combate a la corrupción, pues de entrada, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creado poco antes del sexenio de Peña Nieto, está totalmente desmantelado, y el tema “está totalmente ausente de la agenda, perdido, desaparecido, el Gobierno no le da prioridad”.
Durante el Gobierno de la 4T destacan las sanciones e inhabilitaciones de la SFP, todas por 10 años, a los extitulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda, Luis Videgaray; de Desarrollo Social, Rosario Robles, extitular de la Secretaría, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer.
No obstante, en el presunto desfalco por más de 15 mil millones de pesos a Segalmex, organismo creado en este sexenio, no han sido sancionados funcionarios de alto nivel, a pesar de los señalamientos en contra de su exdirector, Ignacio Ovalle.
Según la SFP, durante el gobierno del panista Felipe Calderón fueron sancionados, suspendidos, inhabilitados y sancionados 38 mil 219 servidores públicos, y con Vicente Fox fueron 26 mil 101.
Arturo Espinosa acusó a López Obrador de utilizar el discurso de combate a la corrupción con multas políticas para denunciar al pasado, pero que calla cuando esta problemática proviene de su propio Gobierno, como en Segalmex.
