Con los votos a favor de Morena y aliados, la Cámara de Diputados en calidad de Jurado de Procedencia avaló esta tarde el desafuero del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, acusado del ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El proyecto fue avalado con 230 votos a favor, 22 en contra por parte de Movimiento Ciudadano, mientras que PAN, PRD y PRI votaron en abstención, a pesar de que el coordinador de este último partido aseguró que votaría a favor.
La resolución indica que con esto queda expedita la facultad del Ministerio Público de la Federación para que ejerza la acción penal correspondiente contra el fiscal y también se remitió al Congreso del Estado de Morelos para que en el ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda, según el artículo 136 de la Constitución local, y sea puesto a disposición del Ministerio.
En dicho artículo se apunta que para proceder penalmente contra un funcionario local, el Congreso del estado declarará por mayoría absoluta si ha lugar o no a la formación de la causa penal. En caso de que se apruebe en sentido positivo, el funcionario será cesado y se deberá poner a disposición de los tribunales para que continúe su proceso.
Al salón de sesiones no se presentó el fiscal, pero sí su abogado, Gabriel Regino, y como representante Emiliano Paredes.
De la parte acusadora se presentó Emiliano Villa Caballero, Fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y Gabriel Morales Hernández, agente del Ministerio Público.
Ya en la fase de alegatos y réplicas, Gabriel Morales, explicó que el fin de la solicitud de desafuero es que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ejercer la acción penal contra Carmona Gándara.
Detalló que el 7 de mayo de 2020 la Fiscalía recibió una denuncia anónima en la Unidad Especializada en Terrorismo, en la que se acusó a Uriel Carmona de cometer delitos constitutivos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas, contra la salud y en su modalidad de operación con recursos de procedencia ilícita.
Posteriormente, en octubre, se recibió una segunda por parte de Óscar Daniel Álvarez, quien acusó que el fiscal asumió el cargo sin haber cumplido con requisitos obligatorios para todo servidor público en instituciones de seguridad: no había cumplido con los exámenes de control de confianza.
Aunado a esto, ya como fiscal nombró a Juan Jesús Salazar como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción a partir de agosto de 2018; a Héctor Pérez, como fiscal de la Zona Sur poniente; a José Alejandro Chávez Carmona como fiscal regional de la zona oriente; a Zaira Janet Lugo, como fiscal especial en Desaparición Forzada de Personas; a Norma Angélica Toledo Camacho, como fiscal especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, y Angélica Luna como secretaria ejecutiva de la Fiscalía General, sin que ninguno de ellos contara con los exámenes de control de confianza.
En réplica, el abogado del fiscal dijo que aprobar la procedencia representaría una “atrocidad”, pues refirió que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco emprendió represalias contra el fiscal por no acceder a “replegarse a un juego político” del mandatario estatal, quien desde el inicio de su administración ordenó a la FGE emprender acciones penales contra el gobierno de su antecesor, Graco Ramírez
“Casualidad no lo fue que ante la negativa del fiscal del Estado Morelos de plegarse a un juego político que no les corresponde a las fiscalías, de repente apareció en un correo interno de la FGR, que no está al acceso de la opinión pública, una denuncia anónima dirigida a la Unidad de Combate al Terrorismo, donde se señalaba el fiscal del estado de estar coludido con organizaciones delictivas y no encontraron nada. Tuvieron que recurrir a una persona que denunciara una cuestión que hacía administrativa, el tema de los exámenes de control de confianza. Eso tendría que haber sido investigado por otra unidad de la fiscalía”, reclamó.
Y agregó: “Como no se le había podido doblegar, se le quiso imputar como se ha hecho con la muerte desafortunada de una joven, sobre la que el fiscal no tiene participación ni responsabilidad alguna. Hoy, en estos instantes a unas cuadras de aquí, sus pares están por resolver la ratificación de una fiscal que fabrica carpetas de investigación y que tuvo el apoyo para ir de otro estado a detener un fiscal. Y esa sesión está plagada de amenazas a diputados con carpetas de investigación, eso es lo que está sucediendo en nuestro país”, dijo.
“Me defenderé con la ley en la mano”, advierte
El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, afirmó que emprenderá acciones legales en su defensa, y combatirá la decisión de quitarle el fuero “con la ley en la mano”.
Antes de que la Cámara de Diputados le retirara la protección constitucional, el funcionario dijo a La Razón que se defenderá legalmente y presentará pruebas a su favor en el Congreso de Morelos, que es, dijo, la instancia que tendrá “la última palabra”.
“El caso se ha politizado; hay una persecución y, pues, es muy lamentable, pues quienes trabajamos para el pueblo deberíamos de estar del mismo lado y no con conflictos entre autoridades”, señaló.
Carmona Gándara reiteró que se encuentra tranquilo porque está consciente de que no ha cometido ningún delito y explicó que la acusación en la que basan su desafuero es la falta de una prueba de control de confianza.
“Me acusan de que cuando me designaron fiscal en Morelos en 2018 yo no tenía unas evaluaciones de control de confianza; sin embargo, esas evaluaciones no son un requisito para ser designado, porque no se establece así en la Constitución de Morelos, ése es un tema administrativo que cubrí oportunamente, no es un delito”, dijo.
El fiscal añadió que a pesar de la presunta persecución política que hay en su contra desde el 2019, no ha considerado dejar su cargo.
“Se ha tratado de obligarme a retirarme del cargo; sin embargo, estoy tranquilo, porque no he cometido ningún ilícito y realmente, pues no me ha quedado otra más que defenderme y es lo que estamos haciendo y lo que haremos, con la ley en la mano”, puntualizó.
Uriel Carmona dijo tener confianza en que la ley le dé la razón y la situación se aclare, y mencionó que a pesar de la persecución política intentó dialogar con las autoridades que le han hecho señalamientos para dar su versión, pero que esto no ha sido posible.
Señaló que se ha hecho un muy buen trabajo en la fiscalía: “Hemos transformado muchísimas cosas que no existían en la institución, sobre todo, la defensa de la autonomía del Ministerio Público, y hemos logrado no politizar la justicia”.
“Proceso fue ilegal, oscuro y viciado”, acusan MC y PRD
Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticaron la decisión de la Cámara de Diputados de quitar el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, al señalar que fue un proceso “ilegal, oscuro, viciado y manoseado”.
El coordinador de los diputados emecistas, Jorge Álvarez Maynez, argumentó que su bancada votó en contra del desafuero del fiscal por considerar que fue ilegal, pues al no contar con los exámenes de control de confianza al momento de su designación no era motivo suficiente para retirarle la inmunidad, y lo que está detrás es una “persecución política”.
“Lo que está detrás es una persecución política, es un asunto partidista del gobernador Cuauhtémoc Blanco, de Morena, de Claudia Sheinbaum”, acusó.
Sobre el procedimiento que continuará, explicó que ahora el asunto pasa a manos del Congreso Local, que se convertirá en “la última voz”, pero mientras eso se resuelve, Carmona Gándara no puede ser detenido.
Por separado, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró en un breve mensaje que el desafuero fue resultado de un proceso sumamente viciado en términos legales y con un enorme desaseo, como parte de una consigna política, que se giró por parte del gobernador de Morelos contra Carmona, porque no era parte de su equipo.
“Esta situación se da con el escenario que vive Morelos de un proceso electoral, en un ambiente de creciente inseguridad. Apenas, monseñor Castro, estando en Cuautla, había dicho que 50 por ciento de negocios y profesiones en ese lugar, tenían que pagar derecho de piso para continuar; eso es lo que se vive por la pugna entre el gobernador y el fiscal”, explicó.
El líder del sol azteca sostuvo que el desafuero del fiscal genera mayor incertidumbre y un escenario de mayor inseguridad, para el proceso electoral, lo que no le conviene al mismo estado.
Jesús Zambrano indicó que ahora el desafuero tiene que llegar al Congreso de Morelos, pues es la última instancia que debe resolver sobre la suerte legal del fiscal.
Con información de Cristina Ceja
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