Jueces y magistrados presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por “violación a la independencia judicial”, así como por la desaparición de los fideicomisos recién extintos y el fin de que los impartidores de justicia sean electos por votación popular.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), llevó el recurso ante esta instancia internacional, y advierten que pedirán “medidas cautelares”, contra el hostigamiento del Ejecutivo al Poder Judicial de la Federación (PJF).
El 16 de noviembre, una delegación de 10 juzgadores, encabezados por los magistrados Froylán Muñoz Alvarado y Armando Díaz López, director y subdirector de la Jufed, respectivamente, acudieron a una audiencia a la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, acompañados de su asesor Víctor Manuel Rodríguez Rescia.
“La audiencia tuvo como tema general la situación de riesgo real y actual de la independencia y autonomía del Poder Judicial en el Estado mexicano; y como subtemas, entre otros, los siguientes: los ataques públicos directos y permanentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la independencia de la Judicatura Federal en México, con la evidencia de titulares que los han resentido en forma reiterada”, apuntó la Jufed en un comunicado.
Agregó: “Los ataques a la independencia judicial y autonomía financiera por parte de dichos poderes, en particular respecto a las iniciativas de implementar la elección de ministras, ministros, juzgadoras y juzgadores federales mediante el voto popular; así como, la pretensión de eliminar los 13 fideicomisos con que cuentan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del PJF”.
Indicó que han hecho saber a la CIDH las situaciones que ha enfrentado el Poder Judicial, “en los pesos y contrapesos de la división de poderes de no intromisión, no dependencia y menos subordinación”.
Concluyó diciendo que se hará la solicitud de las medidas cautelares correspondientes en el marco de los compromisos que tiene el Estado mexicano de respetar los principios convencionales sobre la independencia y autonomía del PJF.