Familiares de personas desaparecidas y colectivos de todo el país exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una disculpa pública por “sus lamentables declaraciones y descalificaciones” a su lucha, así como “buscar a nuestros desaparecidos y no los vuelvas a desaparecer”, tras rechazar el informe del censo donde de más de 110 mil personas ausentes se redujo la cifra a 12 mil 377.
También demandaron al Gobierno federal que, en lugar de desaparecer a sus familiares no encontrados, con carácter de urgente elabore, conforme lo establece la legislación en la materia donde los integre de manera directa, un proyecto para la búsqueda de las más de 110 mil 964 personas ausentes, así como la identificación de las más de 56 mil personas desconocidas.
“Si nos vemos obligados a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad”, destacaron.
En un pronunciamiento difundido por Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, los manifestantes rechazaron el informe dado a conocer en la conferencia mañanera sobre la supuesta actualización de las cifras porque “sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas”.
“Representa la ausencia máxima de protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha con juicios de valor infundados.
“Rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos: No aceptamos que reduzcan a 12 mil 377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición; no aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil 090; no aceptamos que de 36 mil 022 personas digan que no tienen indicios para buscarlas”, subrayaron.
Denunciaron que López Obrador y sus subordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno de investigar, a través de las fiscalías general y estatales, todos los datos suficientes e indicios para buscar, identificar y encontrar a sus familiares desaparecidos.
“O acaso cree que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones de investigar para conseguir datos suficientes y los indicios para entregárselos a las autoridades”, cuestionaron los inconformes.
En el documento de 10 puntos acusaron la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado, porque además “es una incongruencia que digan que son 12 mil 377 personas desaparecidas, mientras los servicios médicos forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar”.
Asimismo, rechazaron cualquier intento de elaborar lineamientos ajenos a sus derechos y de reformar la ley en materia de desaparición de personas para desaparecer a las comisiones de búsqueda de los estados, aún cuando han cuestionado su eficacia y sus resultados.
“Exigimos que se cumpla con nuestros derechos adquiridos, como son las medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de las necesidades de sobrevivencia diaria, son recursos para las diligencias esenciales de búsqueda de nuestros desaparecidos”, agregaron.
Enseguida, denunciaron que la titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez Estrada, no sólo no convoca al Sistema Nacional de Atención de Víctimas, sino que instruye y alienta al personal para que los maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley a implementar.
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Leo