El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que diversos servidores públicos, incluyendo al presidente de la República; Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Alfredo Del Mazo, como gobernador del Estado de México, incurrieron en infracciones durante el periodo prohibido de la revocación de mandato.
La Sala Superior resolvió, por unanimidad de votos, el caso que se originó con las denuncias presentadas por el PAN por los actos de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y las conferencias mañaneras del 21, 28 y 30 de marzo de 2022, así como en diversas publicaciones.
Las infracciones de los funcionarios incluyen la difusión de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido de la revocación de mandato, la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos.
Previamente, la Sala Regional Especializada determinó la existencia de dichas infracciones, pero las personas denunciadas, en desacuerdo con esta decisión, acudieron a la Sala Superior.
El pleno, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, con la ausencia justificada del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, confirmó que se difundió indebidamente propaganda gubernamental y consideró que se constató el uso indebido de recursos públicos en la realización y difusión de estos eventos, que se verificaron durante el periodo prohibido de la revocación de mandato.
No obstante, la Sala Superior revocó parcialmente la sentencia porque la Sala Especializada no analizó adecuadamente la responsabilidad de Alfredo Del Mazo, únicamente en relación con el uso indebido de recursos públicos.
Van contra coalición de 4T
Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática impugnaron ante el TEPJF el registro de la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde, denominada Sigamos Haciendo Historia.
Específicamente el recurso presentado por el blanquiazul señala que es una violación que la coalición pretenda, a través del reparto de fórmulas a la Cámara de Diputados, una asignación de curules que avala una sobrerrepresentación en San Lázaro.
Plantea que la coalición haga una modificación a su convenio, ya que “la sobrerrepresentación significa una distorsión al principio de representación proporcional, puesto que supeditar la pluralidad del órgano legislativo únicamente a un acuerdo de voluntades previo (convenio) sería en detrimento del sufragio emitido por la ciudadanía el día de la jornada electoral”.
JVR
