Sin haber sido puesto a prueba, en medio de protestas y de acciones judiciales entre inconformes y la Secretaría de Educación Pública (SEP), este 2023 se puso en marcha un nuevo modelo educativo en el nivel básico, con cambios de raíz y que promete crear una sociedad más “humana”, pero que se acompañó de libros de texto en los que se hallaron errores en áreas fundamentales como matemáticas, que comprometen la calidad educativa, cuya garantía sigue representando un reto para el país.
Fue el lunes 28 de agosto cuando arrancó la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), lo cual ocurrió de manera abrupta y no gradual, como se había comprometido el Gobierno federal en el 2022, debido a que, con un acuerdo publicado pocos días antes, arrancó en todos los grados escolares.
La discusión sobre los cambios, la pertinencia y los objetivos de este proyecto educativo se generaron desde el año pasado, en cuyos últimos meses se suspendió judicialmente la aplicación de la prueba piloto, lo que impidió tener una evaluación e identificar los puntos que se debían corregir.
En el arranque de este 2023, entre el 2 y 6 el de enero, maestros de educación básica acudieron al Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, cuyo fin era hacer que se “apropiaran” del nuevo modelo, hecho que fue criticado por algunos profesores que consideraron esto como “apresurado”, al haberse realizado con materiales conocidos con poco tiempo de anticipación, que eran preliminares y que contenían errores.
Además, fue en este punto que se ratificó que el proyecto no sólo contemplaba reorganizar los grados escolares en fases, sino que también eliminaba las materias como historia, matemáticas, ciencias naturales, español y otras, para “agruparlas en sólo cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y Pensamiento Científico; Ética, Naturaleza y Sociedades, y De lo Humano a lo Comunitario.
Durante los siguientes meses se conocieron avances de los libros, en los que académicos consultados por este diario advertían errores gramaticales y de planeación; es decir, que los conocimientos que se planteaban en los materiales no iban de acuerdo con la etapa de aprendizaje a la que se dirigían; por ejemplo, los relacionados con geometría en libros para primer grado de primaria.
Conforme se develaron más contenidos, la discusión se acrecentó. Grupos como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Educación con Rumbo y políticos de oposición intensificaron su inconformidad al darse a conocer que los libros también proponían abordar la educación sexual desde los primeros grados escolares, lo cual consideran inadecuado.
Para mayo, la impresión de los libros, con todo y los errores advertidos, ya era un hecho, y en el país se comenzaban a manifestar grupos de inconformes, que presentaron amparos para detener el proceso. Según las organizaciones, ellas interpusieron seis contra el plan de estudios y 12 contra los libros.
Otro argumento en contra consistió en que la impresión de los libros continuó, a pesar de que los programas de estudio no se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y no se había acreditado que, para ello, hubieran sido consultados expertos y los gobiernos estatales, lo cual es un requisito que marca la Ley General de Educación.
Hay un proceso donde se corrigen los materiales y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Sí tiene áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de textoMarx Arriaga, Director de Materiales Educativos de la SEP
El 2 de junio, la SEP frenó la producción de los libros tras ser notificada por un juzgado sobre un fallo en favor de la UNPF; sin embargo, advirtió que impugnaría.
Dos meses después, el 1 de agosto, la dependencia dio a conocer que fue notificada sobre el plazo que una jueza le dio un día antes para corroborar que cumplió con la resolución mencionada, ante lo cual la dependencia declaró haber cumplido “escrupulosamente el desahogo de los requerimientos judiciales”.
A partir de ahí se ventiló una ola de errores que expertos identificaron. Mencionaron, por ejemplo, una errónea presentación del sistema solar; también en el Himno Nacional y en operaciones matemáticas.
Para responder a las opiniones negativas, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, encabezó nueve conferencias desde Palacio Nacional entre el 8 y 18 de agosto, en las que se acompañó de profesores de diversas partes del país, que formaron parte de la construcción de los contenidos, para explicar uno a uno los nuevos libros de primaria y secundaria.
Ahí, el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, reconoció que los libros contenían al menos 20 errores que caracterizó como “áreas de oportunidad”. Y para responder a los cuestionamientos sobre el procedimiento, explicó que participaron mil 998 maestros y que ningún gobierno estatal, ni los de oposición, fueron excluidos de la consulta.
En las primeras semanas de agosto se repartieron los libros en todas las entidades, excepto en Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, que se negaron hasta que se resolviera la situación legal de los libros, aunque posteriormente se decantaron por aceptar la distribución.
No obstante, gobiernos como los de Jalisco, Coahuila y Chihuahua emprendieron proyectos para preparar materiales complementarios y así subsanar los “vacíos y errores” que se hallaron en los libros.
Estas controversias y las opiniones negativas hacia los materiales llevaron a que el 20 de agosto una comunidad en Chiapas quemara los paquetes, mientras que, en otros estados, profesores exigían a sus gobiernos que ya se entregaran los libros.
Fue dos semanas antes de que se iniciara el ciclo escolar cuando la SEP publicó el acuerdo en el DOF para dar a conocer los programas de estudio que demandaban maestros para planificar sus clases.
Con esto, la SEP daba por terminada la batalla legal contra el nuevo modelo educativo; sin embargo, esto continuó debido a las acciones legales emprendidas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, pero que al final no prosperaron.
