En medio de la creciente ola migratoria, el 27 de marzo de este año ocurrió un feroz incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 extranjeros irregulares muertos y 27 heridos, debido a la negligencia y la falta de atención de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), pues todos ellos se encontraban encerrados bajo llave.
El hecho conmocionó al país, ya que organizaciones protectoras de derechos humanos y diversas autoridades acusaron la falta de garantías que existen para las personas en movilidad por el país, que prácticamente son encarceladas, y ratificó que en las estancias migratorias del país hay múltiples irregularidades, que ocasionan riesgos mortales para la gente.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) arrojaron como resultado que los extranjeros que se encontraban en el sitio tenían varios días retenidos, y que un disgusto y desesperación por supuestamente enviarlos a sus países de origen, generó que, al menos, dos migrantes venezolanos comenzaran el incendio.
Los extranjeros prendieron fuego a las colchonetas, como forma de protesta para exigir su liberación, agua y alimentos, además de ventilación, debido a que el cuarto en donde se encontraban no contaba con ventanas ni aire circulante, lo que aumentó el panorama de desesperación de los migrantes.
En videos que se hicieron públicos tras el incidente, se ve que mientras ocurría el incendio, al menos dos agentes se encontraban en el lugar (uno privado y uno del INM), no realizaron acción alguna para liberar a las personas retenidas e incluso se observa que uno de los migrantes pide auxilio al agente, quien nunca sacó las llaves para abrir las celdas.
El incendio se produjo en uno de los estados fronterizos con mayor afluencia de personas en movilidad del país, pues en días anteriores las autoridades hicieron diversos llamados al Gobierno federal para ayudar en la crisis que en esos momentos se producía en la entidad, debido a la llegada masiva de migrantes que colapsó los servicios en la localidad.
Tal fue la gravedad del percance, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó de inmediato la revisión de las 50 estaciones migratorias que hay en el país, para verificar las condiciones humanitarias de todas las personas que ahí son retenidas de manera rotatoria. Además, el INM cerró 33 de ellas y hasta el momento siguen así, lo que ha complicado también la atención a los migrantes, acción que ahora recae principalmente en los albergues de la sociedad civil.
La FGR detuvo, tras realizar las primeras investigaciones, a seis personas relacionadas con el siniestro y muerte de los migrantes, y consiguió que a la agencia encargada de la seguridad privada del sitio le fuera revocado el permiso de operación.
“Paralelamente al proceso penal que lleva la propia FGR, sobre la probable responsabilidad de la empresa, se dio inicio al proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponer una multa económica”, indicó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el 30 de marzo.
“Las órdenes de aprehensión que se concedieron fueron por los delitos de homicidio con dolo eventual, así como lesiones en contra de los 67 extranjeros que estaban en el lugar”, explicó Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR.
La funcionaria explicó que tres órdenes fueron en contra de funcionarios de Migración, dos contra guardias de seguridad privada y una más en contra de un migrante que supuestamente comenzó el incendio.
Entre las irregularidades detectadas a la empresa se encontró que sólo reportó cuatro elementos de seguridad con diez uniformes, pero el contrato con el INM era por 503 elementos en 23 estados del país, además de que ni siquiera tenía permiso para portar armas.
Días después, el 1 de mayo, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón vinculó a proceso penal al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a que fue responsable de omisiones respecto a la seguridad de los migrantes recluidos, falta de agua potable, alimentos y la ausencia de salidas de emergencia y protocolos de protección civil en la instalación señalada.
Sin embargo, la autoridad judicial le permitió seguir su proceso en libertad y sólo acudir a los juzgados en Chihuahua cada mes para firmar, pues no fue un delito grave que amerite siquiera una sanción económica, lo que molestó a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que han exigido su destitución o renuncia, situación que hasta la fecha no se ha dado y el servidor público se mantiene en su puesto.
De hecho, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respaldaron el trabajo del titular de Migración, por lo que refrendaron su permanencia en la institución, a pesar de la tragedia.
Después de varios días de atención médica, a las víctimas sobrevivientes les fueron entregadas visas humanitarias, como parte de la reparación del daño, además de que se les dio una suma de dinero que llegó al millón de pesos, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron entregados a sus naciones de origen en vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mencionó que el incendio fue un “recordatorio a los gobiernos de la región, de la importancia de arreglar un sistema migratorio que no funciona”. A su declaración se sumó el Consejo Ciudadano del INM, que hizo un llamado a modificar las leyes migratorias debido a que no es posible seguir teniendo centros que detengan a las personas por más de 72 horas.
