A l reconocer que permanecen por lo menos 94 mil desaparecidos en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no va a actuar de manera tramposa de desaparecer o modificar los resultados del padrón de personas no localizadas, porque va en contra de los principios de la 4T.
“Nosotros no, nunca haríamos algo así de cambiar un resultado (…) Va a quedar completamente claro, es un proceso; esto se tiene que atender para que no quede ninguna duda, porque ya hay indicios de que se quiere usar esto con fines politiqueros”, advirtió.
Al presentarse por segunda ocasión la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada del Gobierno federal, en conferencia matutina en Palacio Nacional el mandatario dijo que solamente pueden considerarse como encontradas las 16 mil 681 personas marcadas con estatus de localizadas, de acuerdo con los datos y métodos de búsqueda implementados.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hay 110 mil 964 registros, de los cuales 15 por ciento (16 mil 681) corresponde a personas localizadas; 17 mil 843, 16 por ciento, a personas con indicios de vida, y 26 mil 090, el 24 por ciento, sin datos suficientes para identificar al desaparecido.
Con base en lo anterior, López Obrador subrayó que están desaparecidas 94 mil 283 personas, al restarse los 16 mil 681 reportes confirmados de localización.
“Yo diría hasta aquí (localizadas), porque aquí tenemos prueba de vida”, dijo, tras reiterar que no se borrará ningún registro y todos los datos de casos localizados serán verificados. “Aunque ya se fue en una ocasión a buscarlos a sus casas, se va a regresar a ver si los localizamos”, indicó.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, coincidió con el Presidente al reconocer que aún se busca a más de 92 mil personas: “Hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil, aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación”.
El mandatario explicó que para iniciar la localización de las personas se tomó como base el padrón elaborado por la anterior titular de la CNB, Karla Quintana.
“Para llevar a cabo esa búsqueda general se partió de un padrón, de un registro, el mismo registro que la señora (Karla Quintana) había entregado, que había hecho público porque temía de que nosotros fuésemos a borrar a personas o a manipular el registro”, apuntó.
El Jefe del Ejecutivo federal ofreció que cada mes se presentará un informe del avance en la localización de personas desaparecidas, con el fin de dar certeza y certidumbre a los familiares de las víctimas, e insistió en que no se “maquillarán” los resultados ni tampoco “desaparecerán los desaparecidos”.
Al referirse a este problema, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, denunció que hubo manipulación en el manejo de la información sobre la disminución en el número de personas desaparecidas en México.
Expuso que el registro no disminuyó, sino que se diversificó el estatus de desaparecidos, por lo que la cifra de casi 12 mil corresponde a denuncias confirmadas.
“Se manipuló, no es el caso; son denuncias confirmadas (12 mil 337) y se define una estrategia de búsqueda particular”, apuntó, e insistió en que hasta el 22 de agosto hay 110 mil 694 personas desaparecidas en el país. Explicó que en cuanto una persona es localizada, no desaparece del registro, sino que únicamente se cambia su estatus.
Además, reiteró que ninguna persona ha sido borrada del registro, sino que ahora se incluyen cinco tipos de búsqueda, que son: inmediata, individualizada, por patrones, generalizada (cruce de base de datos) y de familia, que requieren de una estrategia específica en cada caso.
La titular de Gobernación solicitó a familiares y conocidos de las personas desaparecidas que brinden mayor información para formar nuevas bases de datos que ayuden con la localización, pues existen más de 26 mil registros sin datos suficientes para identificar a los ausentes.
Artículo 244 no vulnera legalidad, resuelve SCJN
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)resolvió que el artículo 224, párrafo primero, del Código Penal Federal, referente al delito de enriquecimiento ilícito, no vulnera el principio de legalidad.
“En su vertiente de taxatividad —es decir, en la exigencia de claridad en las normas—, toda vez que la descripción típica del delito es precisa en señalar la conducta prohibida, consistente en incurrir en enriquecimiento ilícito, puesto que permite concluir, con claridad, que se sanciona el uso indebido del servicio público para incrementar el patrimonio propio con recursos cuya procedencia no se pueda justificar”, explicó la Corte.
De esta manera, las y los ministros aprobaron la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 116/2023 (11a.) que debe aplicarse obligatoriamente en todo el país.
Establecieron que el vocablo “enriquecerse”, por hacer referencia a “riqueza”, engloba de manera amplia a todos los bienes susceptibles de valoración o apreciación que mejoran la situación patrimonial del servidor público.
La Sala precisó, en su criterio, que la norma penal mencionada sanciona que el funcionario incremente su patrimonio con bienes cuya procedencia legítima no se puede demostrar.
Con información de Claudia Arellano
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